Para salvar el clima, hay que salvar la dignidad del transporte público

Sea en la Ciudad de México, Monterrey, Puebla o Pachuca, el problema es el mismo con ligeros matices: un sector entero de la vida diaria y la economía, entregado a operadores políticos mediante clientelismos partidistas, donde verdaderas mafias sostienen monopolios a costa del sufrimiento de los usuarios, que son obligados a soportar un transporte caro y malo.

Los gobernantes se lavan de las manos por tratarse de un sector complejo (aunque tan indispensable como la salud o la educación), entregándolo a los chacales que lucran con la inmovilidad social y el gatopardismo administrativo: que todo lo demás cambie para seguir siendo igual. “No me toques mi esquema hombre-camión, aunque fomente las carreritas de los peseros para ganarse el pasaje mientras se juegan la vida de los usuarios”.

El transporte público es denigrante y por eso como sociedad aspiramos a nunca dejar de emitir los gases de efecto invernadero que produce nuestro auto particular (a menos que seamos parte del decil más rico de la población que puede comprar un Prius o un Tesla). Sin embargo, en este contexto, quienes usan diariamente su carro también son víctimas de esta pésima política pública, pues no les da mejor opción que perder 188 horas al año en sus trayectos en carro (según la empresa holandesa de navegación TomTom).

Es cierto que la industria y sus cabilderos han dado una batalla feroz para construir y sostener la moralidad del auto particular, pero si alguien tiene el mérito de sustentar este dogma en la mente de los mexicanos es el Estado mexicano y, con muy contadas excepciones, sus gobiernos.

Para esto, el instrumento favorito es el presupuesto, del cual se destina 80% a la infraestructura para automóviles (a pesar de que solamente alrededor del 20% de la población se desplaza en automóviles), mientras que a los medios de transporte que movilizan al 80% de la población sólo les deja ese mísero 20% del presupuesto. El gasto público como promotor de desigualdad y garante de las inercias raciclacistas que nos dividen como mexicanos hasta en el acceso al espacio público.

La Ciudad de México es un caso icónico de esto, principalmente por el contraste entre sus dos principales demarcaciones administrativas: la Ciudad de México y el Estado de México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de cacarear la compra de unidades nuevas para Trolebús y la apertura del carril Trolebici en Eje Central, continúa favoreciendo el uso del auto particular con la construcción de tres nuevos puentes vehiculares, incluyendo uno que amenaza el área de humedales de Xochimilco.

Nada nuevo para el mismo grupo político que inauguró la era de los segundos pisos en la ciudad hace casi 15 años. La pregunta es: ¿como sociedad permanecemos en el mismo pasmo que hace 15 años? ¿El transporte decente es igual de irrelevante en la agenda de hoy?

Si bien las políticas del Gobierno de la CDMX son errantes y hasta esquizofrénicas, al menos se identifica interés por salir del molde cochista. Del otro de la megalópolis, la administración de Alfredo del Mazo no sólo sigue ausente en el tema, sino que se hace presente sólo para elevarle el costo del transporte público a los usuarios, que ahora deberán pagar dos pesos más por el mismo transporte indigno.

Un total de 12 pesos por un traslado lleno de oportunidades para ser asaltad@, violad@, apuñala@ o atropellad@. Vaya privilegio, lo bueno es que el PRI ha aprendido la lección de los mexicanos en las urnas.

Nota del editor: Juan Mayorga es periodista especializado en asuntos ambientales, principalmente cambio climático, transición energética y desarrollo urbano sustentable. Es maestro en Public Management y GeoGovernance por la Universidad de Potsdam, Alemania, colaborador de medios nacionales e internacionales. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autor.

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