(Expansión) – La visión de soberanía energética puede coexistir con los privados y más aún, la soberanía energética depende de las inversiones privadas para ser exitosa.
Esto pudiera sonar a una enorme contradicción pero la visión soberana y más aún, los fines sociales del Estado no solo debe incluir a las inversiones privadas en el sector energética, sino que los debe contemplar como parte de una estrategia de soberanía energética sólida y viable.
No, esto no es contradictorio. La llamo Energía Social, entendida ésta como una visión transdogmática, es decir, sin categorías ni etiquetas propias de izquierda o derecha, público o privado, los beneficiados y los perdedores, pues en el gran proyecto de Nación, todos tienen que lograr el fin último de un sector más sólido, más rentable para el Estado, más promotor de creación de empleos bien remunerado, crecimiento económico y de oportunidades.
Ser soberano no quiere decir aislarse de los actores que pueden coadyuvar en lograr esa soberanía.
La soberanía no es ni puede ser sinónimo de monopolios estatales absolutos. La soberanía no es sinónimo de minar los empleos creados por las empresas privadas.
La soberanía es sólida solo en la medida en que ésta sea viable a largo plazo sin vulnerar otros fines del Estado como es garantizar seguridad pública, educación, salud, etc.
Hasta aquí el contexto, pero, ¿legalmente es posible? Para responder adecuadamente, tenemos que hablar el lenguaje del Derecho Energético.
Si hablamos por ejemplo de que México requiere de la ampliación de líneas de transmisión, renovar las antiguas, mejorar la infraestructura para disminuir las pérdidas de transmisión, incorporar sistemas y tecnologías que ahorren millones de pesos en la operación del sistema eléctrico nacional, tales como redes inteligentes (Smart grids) o tecnologías de corriente directa (HV-DC), el propio artículo 27 Constitucional señala que el servicio de transmisión y distribución queda reservada al Estado, pero que se pueden realizar alianzas con particulares.
Esto quiere decir que aún cuando los privados puedan coadyuvar en el diseño, construcción y operación y mantenimiento de nueva infraestructura, la infraestructura de transmisión y el servicio de transmisión quedará siempre en manos del Estado.
Lo mismo puede señalarse sobre la construcción de nueva infraestructura de generación a ser operada de forma exclusiva por la CFE y entregarla “llave en mano” a ésta una vez construida, lo cual por supuesto no vulnera la visión de dominancia del Estado en el servicio de generación eléctrica (que no es un servicio público).
Ello puede tomar la forma de coinversiones energéticas entre el sector público y privado, lo cual alentaría nuevas inversiones de empresas privadas en construcción de infraestructura, la cual es una de las grandes creadoras de empleos a nivel nacional y de beneficio regional.
En materia de generación de privados, lo único que se requiere es que se respeten los contratos, las reglas y el estado de Derecho como expresamente lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, como promotor de nuevas inversiones.
Los privados son aliados naturales del Estado y no rivales a vencer. Lo que debe vencerse son las visiones dogmáticas unilaterales que no generan crecimiento económico.
Digámosla de forma más transparente. El Estado, en esta nueva visión de Soberanía Energética, tiene dos opciones: (a) Destinar recursos financieros infinitos (pero limitados) para volverse un monopolio sólido pero potencialmente ineficiente y, con ello, distraer recursos que deberían o poderían ser destinados a otras áreas prioritarias como salud, seguridad pública, educación, pretendiendo que eso refuerza la soberanía energética, o; (b) apoyarse del sector privado quien, bajo el esquema legal ideal y garantías de reglas claras y respeto a los contratos, sea la que invierta recursos en la creación de infraestructura y desarrollo de ciertos negocios, lo cual permite que el Estado no distraiga recursos valiosos de otras áreas prioritarias.
Veamos, de optar por (a), se crea la sensación de que se logra una soberanía energética real, pero esta es ficticia, pues siendo que los recursos federales son limitados, mantenerla es onerosa e inclusive vulnera contra la responsabilidad social del Estado al tener que quitar recursos a otras áreas.
De optar por (b), siendo que la propiedad de nueva infraestructura de transmisión, generación e inclusive de la propiedad de hidrocarburos es y siempre será de la Nación (por expreso mandato Constitucional vigente, arts. 27 y 28), el Estado logra su visión de Soberanía Energética sin vulnerar otras responsabilidades.
En resumen, la soberanía, concepto complejo, escurridizo y altamente politizado, debería implicar que México en todo su conjunto es fuerte, sólido e independiente y que logra justicia y crecimiento sostenible y de largo plazo en beneficio de toda su población.
La soberanía de solo un sector (energético) que abra la posibilidad de que el Estado sea débil, dependiente e insostenible en otras áreas, incluyendo la que pretende originalmente salvaguardar es, en definitiva, anti-soberano.
Los mexicanos más necesitados requieren que la deuda histórica social se materialice en forma de educación, empleo bien remunerado, oportunidades reales y salud inmediata y de calidad, no veo que nadie pida que le den el dogmático barril de petróleo que dicen les pertenece.
Nota del editor: Claudio Rodríguez Galán es Socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Encuéntralo en su cuenta de LinkedIn y escríbele a claudio.rodriguez@tklaw.com Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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