Primero, México no pierde su grado de inversión, que es el elemento clave en la salud financiera del país y para evitar una corrida de capitales, que es el escenario previsible ante una degradación de nota por debajo del grado de inversión. Repito, aún no estamos ahí.
En segundo lugar, es fundamental analizar las razones que dio S&P para su nueva nota. Entre ellas, se encuentra el recrudecimiento de las perspectivas económicas del periodo 2020-2023, a raíz de los choques temporales (supongo que el Covid-19), que vendrán a empeorar el rumbo de crecimiento del país.
Sin embargo, el argumento clave que da la calificadora es la caída en el precio del petróleo y las perspectivas negativas que tiene Pemex. Es decir, la presión que ejerce la paraestatal sobre las cuentas fiscales, que compromete a las finanzas públicas del país debido a la continua inyección de recursos que el gobierno tiene que darle.
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Dado que la causa de la nueva calificación es Pemex, considero que ha llegado el momento de hacer algo distinto con esta empresa. Para ser honestos, Pemex no tiene ninguna salida financieramente viable que revierta su delicada situación, dados los nuevos precios del petróleo y sus urgentes requerimientos de capital.
Dentro de poco tiempo, es previsible que las agencias calificadoras reduzcan nuevamente la nota para Pemex, hasta llegar a un punto que le otorguen el grado especulativo. Cuando esto suceda, es posible que el contagio llegue hasta la nota soberana y se comprometa el grado de inversión de México.
Como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño. Las agencias calificadoras, aunque a muchos no nos gusten por los conflictos de interés que tienen, son los jurados monopólicos para calificar la deuda.