¿Qué significa todo esto y qué impacto tendrá en México?
En primer lugar, todas las empresas del sector que se dedican a la instalación de plantas fotovoltaicas, especialmente a nivel Pyme, se verán afectadas por el retraso y/o la cancelación de los proyectos.
Esto tiene dos efectos negativos para las partes involucradas: el primero es que las pequeñas empresas instaladoras podrían ver caer sus proyectos; con eso, su principal fuente de entrada se vería afectada y, por lo tanto, los podría llevar a una falta de liquidez muy severa o incluso a la quiebra.
El segundo es que la Pyme dejaría de invertir en un bien que les permitiría mejorar su situación energética interna en términos de calidad y eficiencia, y que les iba a generar un ahorro en términos económicos que podía haberse invertido, por ejemplo, en el crecimiento de la misma o en mejorar las condiciones económicas de los empleados.
En tercer lugar, la caída de la inversión en este sector provocará una ralentización en la transición energética del país a favor de fuentes renovables y, al mismo tiempo, a un paro total en lo que han sido las políticas de eficiencia y mejora energética del sector industrial mexicano, las cuales son fundamentales para su transformación y competitividad a nivel internacional.
Este tema es sumamente importante para el país, ya que con la implementación de las medidas de Código de Red, junto con una generación de energía eléctrica in situ, se estaba proponiendo un cambio virtuoso en las instalaciones eléctricas de las Pymes de todo el país, el cual hubiera llevado a una industria 2.0 más sustentable, eficiente y en línea con los estándares y requerimientos internacionales.