Pero la crisis de salud viene acompañada de un desplome económico sin precedentes que requiere de acciones enérgicas. En primer lugar, de certidumbre de que el gobierno está dispuesto a lanzar una iniciativa de política fiscal agresiva para mantener el consumo. Los apoyos sociales que lanzó esta administración para paliar la desigualdad no son suficientes para frenar una crisis que en Estados Unidos ha provocado registros récord en desempleo en las últimas semanas.
México debe lanzar un plan de infraestructura que tenga un componente de inversión pública de alto impacto. Debe ir acompañada de inversión privada, y para ello será necesario despejar algunas de las incertidumbres que aún pesan sobre algunos sectores.
El gobierno no tiene por qué renunciar al proyecto que presentó a sus votantes; debe ofrecer garantías y Estado de derecho a los inversionistas si es que quiere que lleguen recursos a sectores como el energético. Cuando Estados Unidos presenta un proyecto de 2 billones (millones de millones) de dólares, podemos entender que la situación no es menor.
En segundo lugar es necesario garantizar liquidez a las empresas y a las familias para evitar despidos masivos e impagos. El admirable programa de diferimiento de pagos de la banca, permitido por la agilidad con que respondieron los reguladores del sector financiero para hacerlo posible, muestra un ejemplo de lo que hace falta.
El gobierno cuenta con varios instrumentos para lograr un efecto parecido para estos meses de inactividad económica en los que la falta de ingresos hace muy difícil mantener la nómina: el diferimiento de las declaraciones de impuestos y la suspensión de las contribuciones al Seguro Social. Así lo han hecho otros países, desde Argentina a Estados Unidos, ante el hecho innegable de que la muerte de una empresa o la quiebra de una familia es difícil de revertir.
