En las últimas dos semanas, la pandemia ha puesto un abrupto freno al consumo de decenas de productos y servicios alrededor del mundo: aerolíneas y hoteles están lidiando con cancelaciones de reservas; los fabricantes de autos han parado sus plantas ante la falta de componentes y de empleados; los cines y teatros lucen butacas vacías; mientras que los restaurantes tratan de sobrevivir surtiendo órdenes para llevar.
Entre los apoyos urgentes que los empresarios solicitaron al gobierno federal a fin de tener liquidez para enfrentar la crisis económica están la eliminación durante el 2020 de las declaraciones de pagos provisionales de ISR, la deducción del 100% de las erogaciones por sueldos y salarios para la pequeña y mediana industria, la devolución de IVA, la deducción inmediata de inversiones en capital de trabajo, y un crédito de 90 días en el pago de electricidad.
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Las propuestas enviadas a la oficina de la presidencia en las últimas dos semanas, también incluyen medidas que, a decir de los empresarios, deberían de ser implementadas en el mediano plazo a fin de reactivar el consumo, el empleo y la economía, una vez que se haya superado la crisis sanitaria.
Algunas de estas medidas encaminadas en este propósito son
- Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el Sector Privado y el Gobierno y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
- Acelerar los pagos pendientes a proveedores de CFE y Pemex. Es urgente el pago de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal.
- Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados. El papel contracíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis ha sido fundamental para preservar la planta productiva.
- Estrategias para asegurar cadenas productivas a través de la sustitución de importaciones y aumento del contenido nacional.
- Abandonar el objetivo de lograr el 1% del PIB de superávit primario. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable.
El CCE, presidido por Carlos Salazar, ha dicho que tras la Semana Santa buscará un nuevo acercamiento con el presidente.