Cepal pronostica “profunda recesión” en América Latina por coronavirus
La LCF obliga a la Federación a transferir recursos a los estados vía el Ramo 33 y 28. El primero son transferencias etiquetadas para atender necesidades básicas y el segundo son no etiquetadas que pueden ejercerse con total flexibilidad y destinarse como fuente de pago de las obligaciones financieras contraídas por las entidades. Deteniéndonos en este punto, con información de la SHCP, todos los estados tienen registrado en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas deuda bancaria o bursátil.
Sin considerar a la Ciudad de México, quien tiene firmado un acuerdo con el Gobierno Federal de solidaridad crediticia, alrededor de 13 estados cuentan con deuda pública directa mayor a 10.0 mil millones de pesos. Lo interesante es que, en la mayoría de los contratos de créditos bancarios, existen condiciones de hacer y no hacer que incluyen, entre otras, que el acreditado deberá de abstenerse de realizar cualesquiera actos cuyo efecto sea dejar de formar parte y/o dejar de estar adherido al SNCF y que deberá de evitar cualquier acción que pudieran representar un riesgo material para la preservación de la fuente de pago (95% de las operaciones calificadas por HR Ratings consideran recursos del Ramo 28).
En caso de ocurrir alguna de estas situaciones, el acreedor considerará la existencia de una causa de vencimiento anticipado y podrá exigir, de manera inmediata, el pago del total saldo insoluto y de cualquier otro costo o accesorio pendiente de pago. Esto representa un alto costo asociado para aquellas entidades que plantean salirse del SNCF.
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A manera de conclusión: 1) si bien el reclamo para revisar el PF es válido, se deberá hacer considerando la premisa de detonar el desarrollo económico de todos los estados de país. También debería incluir la incorporación del sector informal a la base tributaria, el cual representa alrededor del 60% de la población económicamente activa del país. El nuevo PF en este sentido también debe promover la recaudación por igual en todas las entidades.
2) Bajo las circunstancias actuales, si se busca ya no formar parte del SNCF; con un menor crecimiento de la economía, menores serán los ingresos generados y distribuidos en el país. Por tanto, los estados tendrán menor margen de maniobra en sus finanzas y más si se considera la presión para el erario si se vuelve exigible el pago total de su deuda, y 3) El camino para dejar el SNCF es poco claro y al parecer complejo, incluso para los abogados. Iniciar esta acción legal en el contexto actual, se traduciría en un factor de incertidumbre adicional para la economía mexicana.
Nota del editor: Roberto Ballinez es Director Ejecutivo Sr. de Finanzas Públicas e Infraestructura en HR Ratings. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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