(Expansión) – En las últimas semanas hemos leído y escuchado acerca de cómo la calidad del aire en muchas ciudades del mundo ha mejorado. El freno al tráfico al que estamos acostumbrados, así como una baja de las actividades industriales, ha permitido una disminución en los niveles de contaminación en dichas urbes.
En ese sentido existe una correlación más profunda entre la contaminación del aire, el nuevo coronavirus y nuestra salud, y dicha relación es preocupante.
El COVID-19 es un virus respiratorio que puede ocasionar complicaciones cardiacas, shock séptico, falla del hígado y del riñón, así como el colapso general de los órganos internos.
Análisis preliminares han demostrado que la tasa de letalidad es más alta en aquellas personas que sufren otros padecimientos crónicos cardiacos, del sistema respiratorio o diabetes. De hecho, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), ha hecho un continuo énfasis en el peligro que supone la combinación de dichos padecimientos con el nuevo coronavirus.
En ese sentido, la continua exposición a niveles altos de contaminación atmosférica contribuye directamente al desarrollo de dichas enfermedades y de padecimientos respiratorios más agresivos. A nivel internacional, se estima que dicha contaminación es responsable del 40% de las infecciones de las vías respiratorias y de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, así como del 20% de la enfermedad coronaria y diabetes. Y a pesar de que la calidad del aire ha mejorado en algunas zonas focalizadas, dichas enfermedades no lo harán, por lo que las personas deberán enfrentar la crisis del COVID-19 con dichas afectaciones.
Una combinación de estas enfermedades no sólo es un riesgo para los ciudadanos en cuestión, sino una peligrosa carga para los sistemas de salud que se encuentren rebasados. Es bien sabido que hospitales alrededor del mundo enfrentan ya una escasez de equipo médico como respiradores y cubrebocas, insumos sumamente importantes para personas que viven con las enfermedades crónicas antes mencionadas.
La calidad y contaminación del aire varía de acuerdo con cada región. Aquellas comunidades con menores ingresos y con poblaciones más vulnerables enfrentan un mayor riesgo, ya que generalmente se encuentran asentadas cerca de fuentes primarias de contaminación como refinerías, minas, vertederos, o basureros al aire libre.
Esta situación supone un doble riesgo para dichas poblaciones ante el COVID-19 debido a la falta de acceso a los sistemas de salud y a la incapacidad de ausentarse de sus fuentes de trabajo. El resultado es una carga doble: se encuentran más expuestos, pero con menos posibilidades de recibir atención médica adecuada en caso de contagio.
De hecho, un nuevo estudio en Estados Unidos apunta que, aquellos condados que sufrían de altos índices de contaminación del aire antes de la llegada del COVID-19, tienen una tasa de mortalidad más alta (esto es, el número de muertes por el total de la población). Esto subraya la importancia de continuar disminuyendo los índices de contaminantes aéreos durante y después de la pandemia.
A esto se le debe añadir la contaminación del aire por el humo de los incendios forestales. Y es que, en países como Estados Unidos y México, la temporada de incendios se ha agudizado debido al cambio climático, tal y como varios especialistas lo han venido señalando en las últimas décadas.
En ese sentido, el aumento de partículas PM2.5 en Estados Unidos (aquellas que desataron la contingencia ambiental en la CDMX hace unos años) debido a dichos incendios, está relacionado con un mayor número de hospitalizaciones de adultos mayores por problemas respiratorios. Si consideramos que esta población se ha visto más vulnerada por el COVID-19, resulta preocupante imaginar cómo la temporada de incendios en el verano de 2020 podría suponer una carga extra para los sistemas de salud.
Los incendios forestales no son el único evento empeorado por el cambio climático que puede afectar la calidad del aire y empeorar la crisis del COVID-19. La temporada de huracanes se aproxima rápidamente, con todas sus implicaciones para los sistemas de salud y seguridad. Las posibles evacuaciones supondrían el desplazamiento de miles de personas, comprometiendo las políticas de distanciamiento social, y el impacto de un huracán podría causar accidentes industriales con emisiones de contaminantes nocivos para el aire y la salud.
Por ejemplo, en 2017, con la llegada del huracán Harvey, se expulsaron 4,000 toneladas de materiales contaminantes de 75 fuentes industriales en el área de Port Arthur (Texas), incluido el benceno de las plantas petroquímicas en Houston.
La crisis del COVID-19 llegó en un momento de desconfianza hacia la evidencia científica. Los gobiernos de México y Estados Unidos harán lo correcto en aceptar la información científica como una fuente primordial para generar políticas públicas efectivas en beneficio del medio ambiente y la salud de sus ciudadanos. Y, aunque vivimos en tiempos complicados, esta crisis también pasará.
Lo que no debemos dejar pasar es la oportunidad de que la ciencia sea aprovechada por nuestros líderes en sus decisiones. Sólo a través de ello podremos proteger adecuadamente la salud de todas nuestras familias.
Nota del editor: Sarah Vogel es vicepresidenta del programa de salud de EDF. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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