(Expansión) – Ante la nueva normalidad económica que tendrá a lugar en el mundo, entraremos en un nuevo contexto en la relación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. El tratado que vence este 1 de julio no sirvió a México para tener un crecimiento tecnológico o energético, debido a que nos convertimos solamente en un país de ensamblado de marcas y empresas. En la parte de energía sólo rentamos servicios, equipos y conocimiento para poder cubrir una necesidad del mercado interno monopólico (por medio de licitaciones y contratos desde un punto de vista legal por muchos años). Algunos de ellos no tenían un sustento tecnológico comprobado, ya que estaban en función del presupuesto que las empresas del estado Pemex y CFE tenían acceso en forma anualizada de lo que era aprobado por la nación.
Lo que México firmó en el T-MEC
Ahora en México, ante la apertura de mercado por medio de la herramienta llamada Reforma Energética, cabe aclarar que no es una ideología para la realización de contratos legales, sino una serie de lineamientos, normatividades y regulaciones técnicas que permiten evaluar cada proyecto en un mercado abierto.
El mercado mexicano tiene apenas cuatro años de vida y países como Estados Unidos tienen una maduración de más de 40 años, que han permitido la inversión de otras empresas en el mercado, cuyo objetivo es la reducción del riesgo financiero por la nación al aprovechar el desarrollo industrial, tecnológico y al tener una adaptación continua con el entorno.
Hasta antes del 2014, en México las empresas venían a invertir protegidas por medio de contratos legales firmados con las empresas productivas del estado (EPE). Ante los cambios mundiales acontecidos en 2008 y 2015, el presupuesto asignado a Pemex y CFE fue contraído, limitando poder cumplir en el tiempo los pagos y los planes y en poder cubrir las necesidades del mercado interno, sin influir en el mercado global.
Ante tal situación surge la Reforma Energética y esta no significó en dejar a un lado a las EPE o privatizar (comprada por un privado), sino era mutarlas para que tuvieran acceso a tecnologías, igualdad y poder desarrollarse en forma autónoma, ante el crecimiento de un mercado. El problema en México es que se convirtió en un arma política y se dejó a un lado lo técnico.
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Debemos dejar de ser una nación de mil palabras en un contrato, ¿por qué la inversión tiene que ser realizada ya sea por la parte publica o privada? Ahora que el mercado energético está en crecimiento, estamos observando fallas que se tenían antes del 2014 y a partir del 2018 se están corrigiendo algunas de ellas. Es importante no cambiar el rumbo por una ideológica, pensamiento o corazonada, basémonos en hechos de factibilidad técnica y no en tecnicismo legales que nos llevaran a juicios sin soluciones al mercado.
El T-MEC es claro: la responsabilidad de proteger las inversiones que llegarán a Estados Unidos, Canadá o México son de cada nación con base en una política pública de igualdad de largo plazo y no por una decisión de corto plazo. La desventaja de México frente a sus socios es que apenas está empezando y Estados Unidos y Canadá ya tienen varias décadas recorridas. ¿Qué firmó y en qué está de acuerdo con sus esos países?
Capítulo de la inversión: Mantiene un mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos que otorga al inversionista un derecho de acción para reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión, a través de dos modalidades: a) Reclamar la violación a las obligaciones de Trato Nacional, Nación más Favorecida y Expropiación directa. b) Reclamar la violación de cualquier violación del capítulo de inversión, cuando el inversionista o su inversión sean parte de un contrato en sectores como el de hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, generación de energía, transportes y proyectos de infraestructura.
El Estado mexicano, y esto incluye a los gobiernos locales y municipales, está obligado a otorgar un trato justo y equitativo, y plena protección y seguridad a las inversiones de los inversionistas extranjeros.
Acciones u omisiones por parte de las autoridades locales o municipales como terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales, o realizar actos discriminatorios, o contrarios al debido proceso afectando expectativas legítimas del inversionista pueden generar responsabilidad internacional del Estado.
Capítulo de Empresas propiedad del estado: Brindar certidumbre jurídica a las empresas privadas mexicanas para que las EPE actúen bajo las mismas condiciones de mercado, protegiendo los sectores de interés público, como son el energético y la Banca de Desarrollo.
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Capítulo de Energía: Brindar certidumbre jurídica y se respetan los compromisos asumidos por México con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector.
La inversión extranjera es una fuente de recursos financieros, fuente de transferencia de tecnología y facilita el acceso a mercados internacionales.
Entonces, cambiemos todo en la marcha y no nos atrasemos un lustro más; que cada administración cambie de acuerdo con su ideología política.
Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter como @economiaoil . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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