El dilema es simple e intrincado: los trabajadores o el fisco federal. Pero, sin flujo de efectivo, las retenciones son solo virtuales, es decir, meramente contables.
Son numerosas las empresas serias y formales con complicaciones para cubrir los salarios. Dejar de pagarlos es una opción inviable. Entre las alternativas que han tomado están los recortes de personal, reducciones de sueldos y eliminación de prestaciones sociales. El cierre de negocios es otra vía de escape.
Estas medidas, empero, no son soluciones eficaces a mediano y largo plazo. Los daños a los trabajadores son graves y las contingencias legales para los patrones, significativas.
En términos constitucionales, los salarios tienen preferencia sobre los adeudos al SAT. La paradoja es que el pago de los sueldos agrava el problema fiscal. La crisis ha enmarañado la madeja. Si el dinero solo alcanza para los trabajadores, la opción, en la mayoría de los casos, es el impago de las retenciones. No es que los empresarios quieran cumplir o no con esa obligación; simplemente no pueden.
Para las empresas, no enterar las retenciones del ISR tiene consecuencias negativas. Una de ellas es la cancelación de los sellos digitales, lo que imposibilita la emisión de comprobantes (CFDI) y anula la obtención de ingresos. El problema, complejo y con poco margen de defensa para los contribuyentes, ha terminado por entrampar al mismo SAT, pues sin sellos digitales los patrones no pueden timbrar la nómina ni pagar a los trabajadores. Si las autoridades los cancelan, en automático se convierten en verdugos del sector laboral.
La principal inquietud de los empresarios es de orden penal. Las leyes califican como defraudación fiscal la omisión de los impuestos retenidos. El problema no es inmediato, pues el camino procesal es largo. El primer paso es que el SAT arme un expediente para preparar una acusación. Después, el asunto se turna a la Procuraduría Fiscal para que presente una querella (denuncia) a la Fiscalía General de la República. Una vez que se permite el derecho de defensa de los contribuyentes, el caso se judicializa ante un juez federal.
