La caída de la inversión es el principal factor por el que ya en 2019 estábamos en recesión. Ese año fuimos uno de los 17 países de la lista de 195 con contracción. La causa fundamental persiste: un consistente deterioro de la certeza jurídica y con ello, del clima de negocios.
No podemos esperar que aumente la inversión si, en los mismos días en que representantes del sector empresarial y el presidente anuncian un Acuerdo de Reactivación Económica, se extiende el negocio de las tomas de casetas de peaje o los bloqueos de trenes sin que las autoridades hagan nada, entre otras evidencias de un deficiente Estado de derecho.
Mientras el presidente del CCE declaraba que hubo un compromiso de certidumbre y “total respeto a la legalidad”, se le cambiaban las reglas de juego a quienes invirtieron en autoabasto eléctrico y sigue congelado el trámite de permisos o procedimientos para favorecer a los monopolios gubernamentales, en contravención a la legislación de energía y competencia.
Al mismo tiempo, exportadores enfrentan un nuevo trámite que detiene la importación de componentes y hasta su producción, además de que se les retrasan devoluciones de IVA por meses, al grado de comprometer su liquidez.
Se habla mucho de la gran oportunidad de México en el nearshoring y la reubicación de operaciones manufactureras que están en China. Podríamos ser campeones en la atracción de estas inversiones, pero estamos enviando señales muy inoportunas. Hasta el Departamento de Estado estadounidense ha alertado de una degradación de nuestro clima de inversión.
Para la toma de decisiones de inversión, los hechos pesan mucho más que ceremonias y palabras que, como dicen, se las lleva el viento. Máxime luego de la casi surrealista cena en Palacio Nacional para que empresarios financiaran la rifa del avión presidencial.
