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Nuestras Historias

¿Por qué empresas mexicanas van a tribunales de EU por su concurso mercantil?

No hay que culparlas: están buscando su supervivencia y es lógico irse al lugar donde tienen la mejor protección y marco legal para hacerlo, apunta Fernando Pérez Correa.
vie 13 noviembre 2020 11:59 PM

(Expansión) – Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, hemos sido testigos de una crisis sin precedentes a nivel global. Esta crisis ha afectado a todos los sectores y a todos los gobiernos. Muchas empresas están optando por mecanismos de reestructuración de pasivos o incluso terminar sus operaciones.

No es un secreto que grandes compañías mexicanas como Grupo Aeroméxico, Maxcom, Cinemex, o Grupo Famsa optaron por iniciar procedimientos de concurso mercantil en los Estados Unidos de América, con la esperanza de conservar su operación y llegar a acuerdos con sus acreedores. Surge entonces la pregunta obvia: ¿Por qué las grandes empresas mexicanas parecen preferir los procesos concursales en Estados Unidos a los mexicanos?

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Existen múltiples factores que propician que las grandes empresas nacionales prefieran intentar reestructurar sus pasivos acudiendo a cortes en el extranjero.

Especialización y experiencia. Quizá uno de los principales motivos por los que se acude a los tribunales de Estados Unidos es porque en ese país existen tribunales especializados en la materia (bankruptcy courts) cuyos jueces tienen amplia experiencia y preparación en concursos mercantiles.

Tanto los jueces como los abogados practicantes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, han acumulado un cuerpo de precedentes e interpretaciones a la ley que hacen bastante previsible para la empresa cómo va a transitar su proceso de reestructura.

En México no tenemos esa especialización. Por ejemplo, en la Cuidad de México conocen de estos procesos los jueces de distrito en materia civil, quienes conocen de todo tipo de procedimientos civiles y mercantiles, además de ser jueces de amparo en materia civil. En otros estados es aún peor: los jueces de distrito llegan a conocer incluso de materia laboral y administrativa, además de la civil.

Esta falta de especialización hace que los jueces en México carezcan de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para entender todas las cuestiones que surgen en los concursos mercantiles, amén que no pueden darle prioridad a un concurso mercantil sobre los demás asuntos que llevan; para fines estadísticos y administrativos, un concurso mercantil es igual de importante que un juicio ejecutivo mercantil de $10,000.00.

En consecuencia, los jueces de distrito mexicanos no pueden dedicarle ni el tiempo ni los recursos necesarios a los concursos mercantiles en general, mucho menos a un concurso mercantil trascendental y voluminoso como un concurso de una línea área.

Excesivos formalismos en México. Como sucede en general con los temas procesales en nuestro país, la Ley de Concursos Mercantiles contiene demasiados formalismos y múltiples requisitos que no facilitan el proceso ni la operación ordinaria de la empresa. Al legislador parece habérsele olvidado que el propósito fundamental es dar viabilidad a las empresas.

Un ejemplo claro son los múltiples requisitos que la Ley exige para una que la mera solicitud de concurso mercantil sea admitida, los cuales además de ser numerosos, no son de fácil ni inmediata elaboración, y deben cumplirse antes de obtener la protección que la Ley ofrece.

Falta de claridad y certeza. La falta de especialización y la carencia de tiempo y recursos necesarios en los juzgados de distrito, tiene otra consecuencia negativa: no existe suficiente certeza de cómo va a resolver el juez en turno. No hay certeza de qué gastos van a ser permitidos por el juez en caso de oposición, ni un régimen claro de operación durante la conciliación.

Tenemos varios ejemplos en donde los jueces han resuelto que la empresa en concurso no tiene derecho a considerar a sus asesores legales como prioritarios para recibir pagos, lo cual desde luego es cuestionable desde el punto de vista constitucional, pero además reduce drásticamente el incentivo para las empresas a buscar la protección que brinda el concurso mercantil: sin tener la opción en el mundo real de una representación legal adecuada y especializada, es difícil plantear la conveniencia de ir a un concurso mercantil en México.

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Procedimiento tortuoso. Frecuentemente el procedimiento se ve entorpecido por cuestiones meramente procesales que impiden la tramitación fluida del procedimiento. Por ejemplo, la ley permite el recurso de revocación contra prácticamente todas las resoluciones que dicte el juez durante el concurso, lo cual significa en la práctica que los jueces tienen que resolver todo dos veces ante el excesivo uso de medios de impugnación por parte de acreedores y deudores.

Pocos casos de éxito. Como consecuencia de las circunstancias expuestas anteriormente (y algunas otras que no tenemos espacio para describir), la realidad es que en México se tramitan pocos procedimientos concursales: después de casi 20 años, aún no pasamos de los 800 procesos en total. Desgraciadamente, dentro de ese grupo relativamente reducido de concursos a lo largo del tiempo, tenemos muchos más casos de fracaso que de éxito.

Pocos han sido los concursos que han transcurrido de manera fluida y eficaz, logrando la supervivencia y viabilidad de la empresa. Tenemos, por el contrario, muchos concursos que han terminado con la empresa e quiebra, en tiempos mucho más allá de lo previsto, y con todas las partes involucradas francamente descontentas.

La Ley de Concursos Mercantiles tiene fines nobles y sumamente importantes: salvar empresas y empleos, reorganizar los recursos económicos y ponerlos a trabajar de manera más eficiente. Sin embargo, desgraciadamente a la fecha nuestro país no ha sido capaz de implementar eficazmente ese noble propósito, por muchas y muy diversas razones, como ya vimos.

De allí que no resulte extraño que las grandes empresas mexicanas que tienen la posibilidad legal y económica de presentar si concurso mercantil en Estados Unidos prefieran hacerlo allá, después de todo, no hay que culparlas: están buscando su supervivencia y es lógico irse al lugar donde tienen la mejor protección y marco legal para hacerlos.

Ante este escenario y la gran crisis económica que vivimos, todos los involucrados en el mundo de los concursos mercantiles estamos ante el gran reto de hacer funcionar nuestro marco jurídico. Las señales son positivas: tanto jueces, como autoridades y abogados practicantes, estamos conscientes de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena.

Nota del editor: Fernando Pérez Correa es Socio del Despacho Solcargo. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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