En nuestro país siete de cada 10 transacciones de consumo en México se hacen con dinero en efectivo. Estas transacciones no utilizan medios de pago electrónicos como las tarjetas de crédito, débito, transferencias, pagos en línea, monederos electrónicos, dinero móvil o CoDi. Al encontrarse fuera del sistema financiero y ofrecer anonimato a las partes involucradas en la transacción, estas operaciones son virtualmente imposibles de rastrear. El dinero en efectivo facilita la evasión y dificulta el cobro de impuestos a la economía informal.
De acuerdo con estimaciones recientes de EY y Mastercard, en México la economía informal basada en efectivo representa el 19.2% del PIB y genera pérdidas de recaudación fiscal por cerca del 2.6% del PIB, es decir, cerca de 620,500 mdp al año. Esta cifra es equivalente al 10% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 o a casi la totalidad de los presupuestos destinados a las secretarías de Bienestar, Salud y Educación Pública.
Para recuperar una parte de esa recaudación perdida el Gobierno mexicano debe incentivar la adopción de medios de pago electrónicos y reducir el tamaño de la economía informal. La idea no es obligar a usuarios o establecimientos a abandonar los billetes y monedas o renunciar a su privacidad. Por el contrario, la tarea del Estado es ofrecer beneficios a consumidores y comercios para que usen y acepten transacciones electrónicas en la mayor parte de sus compras.
¿Cómo se puede lograr esto? Primero es necesario ofrecer a los consumidores exenciones fiscales y reducir los costos asociados al uso de medios electrónicos de pago como las tarjetas y transferencias bancarias. Segundo, en el caso de comercios se tiene que reducir el costo de operar pagos con tarjeta, subsidiar infraestructura como terminales punto de venta y ofrecer deducciones fiscales por ingresos reportados en medios de pago electrónicos.
Adicionalmente es posible incrementar los requerimientos en establecimientos de aceptar pagos electrónicos para compras, exigir pago de nóminas y otras contribuciones sociales por medio de transferencias, así como establecer montos máximos permitidos de consumo en efectivo. Por último, el gobierno debe poner el ejemplo y comprometerse a operar sus pagos 100% libres de efectivo para el pago a proveedores, contratistas de obra públicas, nóminas y esquemas de distribución de programas sociales.
