La semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó cifras de empleo formal. Durante la crisis de 2020 se perdieron más de 647,000 puestos de trabajo. El Monitor de Mercado Laboral del IMCO muestra que uno de los grupos más afectados son los jóvenes de hasta 29 años, quienes concentran el 61% de los empleos perdidos.
Bajo la lógica de esta Administración, estas pérdidas no son tan graves, puesto que en mayo se prometió crear 2 millones de empleos a través de inversión pública y programas sociales. No obstante, estas soluciones son de corto plazo y conllevan riesgos.
Pensemos en los más de 396,000 jóvenes que perdieron su trabajo formal en 2020. Si no se recuperan las empresas, podrían afiliarse a Jóvenes Construyendo el Futuro para tener ingresos y prestaciones. No obstante, asumiendo que el programa continúa de forma indefinida y tiene presupuesto, ¿qué pasará con los beneficiados cuando cumplan 29 años y no puedan recibir el apoyo? ¿quién los contratará para que su empleo les garantice acceso a instituciones de salud, pensiones por accidentes o riesgos de trabajo y ahorro para el retiro?
Hay que recordar que una de las críticas al programa Prospera era la falta de acceso a empleos productivos una vez que los beneficiarios concluían sus estudios. En ese sentido, en un contexto tan complicado como el que se vive hoy en día, este programa y la falta de estímulos económicos contracíclicos podrían caer en el mismo error.
El desdén por el sector privado no solo se ha visto reflejado en lo económico, sino también en el manejo de la pandemia. En los últimos días han surgido notas sobre la petición de los médicos que tratan pacientes con COVID-19 en unidades privadas para recibir también la vacuna. La respuesta simplificada del gobierno: sí, pero hay que contarlos primero.
