Crónica de un retroceso anunciado

Lógicamente, el nuevo gobierno debía desmantelar esta serie de modificaciones legislativas e instituciones que abrían paso a abusos por parte de la oligarquía y a una transición energética que iba en contra de los ideales de este presidente. Uno de los primeros cambios que planteó fue la suspensión de las subastas eléctricas.

Desde entonces, esa pauta se ha plasmado en una cadena de acciones que apuestan a combustibles fósiles y modelos obsoletos en el sector energético. Recientemente, la iniciativa con trámite preferente, emitida por López Obrador, no sólo echa para atrás lo hecho por la administración previa, sino que implica un retroceso en el progreso al que debe aspirar México en el sector energético.

Uno de los objetivos principales desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperara mercado, ya que sentían que las empresas privadas habían acaparado un porcentaje importante y que eso debilitaba a la paraestatal.

Prácticamente todo 2019 y 2020 las subastas fueron congeladas. En marzo de 2020 emitieron la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además, se cancelaron proyectos grandes de transmisión como el de Ixtepec-Yautepec o la red de Baja California-Sonora.

Con el pretexto de la pandemia, no aceptarían las interconexiones de generadores renovables, ya que anteponían la estabilidad en el despacho de electricidad a la fuente o el costo. Irónicamente, las energías limpias son más baratas que el combustóleo.

Con las subastas previas, la generación alcanzó un precio promedio de entre 30 y 40 dólares por mega watt por hora, mientras que la generación promedio de CFE oscila entre 45 y 100. Se promocionaron también cuatro licitaciones de proyectos generadores para CFE, los cuales fueron anulados a mediados del año pasado.

El 22 de julio de 2020, el Ejecutivo federal emitió un memorándum con unos lineamientos, compromisos y acciones que debían seguir las empresas públicas como los órganos reguladores. El documento no era vinculatorio ni tenía un peso legal, pero ha servido como hoja de rumbo para conocer las directrices y ruta que seguirá este gobierno para restituir el control del Estado sobre el mercado y ahuyentar la inversión privada.

A la par, cambios arbitrarios de puestos clave los órganos reguladores, junto con la negativa de generar nuevos permisos de generación, emitieron señales de una centralización del mando y un afán de defender a la CFE. Desde entonces surgen sospechas de un ataque a la Ley de la Industria Eléctrica, que parecen concretarse.

El último período ordinario de la LXIV Legislatura arrancó con la recepción de la primera iniciativa preferente de este presidente. No había utilizado este recurso y ahora se antoja pertinente por la coyuntura política y la cercanía a las elecciones intermedias.

Dicha iniciativa da prioridad a la CFE ante empresas privadas generadoras de electricidad, incluyendo las energías limpias, que son más baratas que las alternativas.

Respecto del SEN, el orden establecido por dicha propuesta es: 1) generación hidroeléctrica; 2) producción de otras plantas de la CFE; 3) energía solar y eólica; y 4) energía de ciclos combinados privados.

Además, otorga más poder y discreción a la CRE y órganos reguladores para la asignación de permisos para generación. Favorecer la entrega física en vez de criterios económicos para el despacho de electricidad fortalece a la CFE y desincentiva a la inversión privada.

Cabe destacar que esta crónica ha destapado también amparos múltiples por parte de las empresas y suscitado intervenciones por parte del poder judicial para revocar algunas de estas decisiones. Por ello, el siguiente paso lógico para disminuir los obstáculos es reformar la ley y solidificar los cambios anhelados.

Las repercusiones resonarán también en el exterior. Respecto de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, al modificar el orden del despacho, se afecta directamente el capítulo 24 del T-MEC, además de debilitar la protección de inversiones privadas con la revisión de contratos y la reestructuración de los órganos reguladores.

Si bien la administración de Trump ya había manifestado preocupaciones por estos posicionamientos, el equipo de Biden será más tajante, dada la agenda ambiciosa de energías limpias y la lucha contra el cambio climático. En cuanto a lo multilateral, habrá un distanciamiento del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, al apostar por combustibles fósiles, opacar los procesos y relegar las energías limpias.

La reforma energética de Peña no era la panacea. En 2013 México mostraba un rezago en la transición a energías renovables y carecía de un marco institucional en hidrocarburos y electricidad para facilitar la inversión privada.

La preponderancia de las paraestatales, la burocracia en las rondas de licitación y la falta de condiciones más atractivas fueron obstáculos para maximizar los objetivos.

Sin embargo, la transparencia en los procesos, la existencia de órganos reguladores y la planeación de una transición energética generaron confianza, inversiones y empleos en un sector con un gran potencial. Las leyes, los procesos administrativos y la interacción entre actores públicos y privados tenían muchas áreas de mejora, pero se avanzaba gradualmente.

Además, la reforma aliviaba la falta de capital que tenía el Estado para invertir en el SEN. No contar con suficientes recursos vulnera el abastecimiento de electricidad y aumenta el riesgo de apagones.

No es inaudita la iniciativa presentada al Congreso. Desde 2018 se vaticinaba esta intención. Son las medidas y la intensidad con la que ha golpeado las que sorprenden.

Se han bosquejado pistas a lo largo de dos años, pero el desenlace puede ser determinante. La dirección que se vislumbra ahora en la materia implica un retorno por el camino recorrido; un desvío cuyo costo es evidentemente mayor que la utilidad.

Hay que tener claro que lo importante no es contar pasos, sino llegar a la meta, y perder el rumbo es alejarse de ella.

Nota del editor: Antonio Michel estudió Relaciones Internacionales en el ITAM, donde es profesor, y tiene una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Maxwell. Trabajó casi 7 años en la Administración Pública Federal, en las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Energía y Gobernación. Su pasión son los asuntos internacionales, los asuntos políticos y la administración pública. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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