Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) compartió un análisis alrededor de los efectos de la pandemia por el COVID-19 e identificó 667 programas y acciones sociales estatales dirigidos a atender los derechos sociales y a otorgar algún bien o servicio directo a la población. Si bien el análisis comprendió el lapso de marzo a agosto de 2020, su tendencia no genera sorpresa y significa un patrón en la implementación de las políticas públicas.
Aquí un resumen ejecutivo del informe:
Tamaulipas fue la entidad que implementó más programas y acciones (72), seguido de Morelos (50) y Campeche (43). Las que hicieron menos fueron Sonora (9), Veracruz (8), Durango (8) y Tlaxcala (5). Yucatán implementó la mayor cantidad de apoyos al empleo formal (20), mientras que la Ciudad de México (CDMX) ocupa el sótano (1). En cuanto al empleo informal y a la transferencia de ingresos temporales, la CDMX encabezó la lista (10), al tiempo que BCS, Chiapas, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, SLP y Tabasco no implementaron ningún apoyo o acción.
Solo 5 estados (Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco) implementaron medidas en pro del derecho a la educación (mecanismos de regularización en la emergencia sanitaria para homologar los conocimientos). En materia de derecho a la vivienda, únicamente 5 entidades trabajaron para garantizar el acceso a agua potable de calidad y 9 otorgaron subsidios temporales en el costo de los servicios básicos de la vivienda. Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tlaxcala y Veracruz no ofrecieron ningún programa relacionado con el derecho a la salud.
Por otro lado, Durango es el único estado que cuenta con una entidad autónoma y externa que evalúa sus políticas púbicas. La mitad de los programas evaluados por el Coneval tienen reglas de operación y padrón de beneficiarios. El resto no.
El recurso público ha sido escaso en esta pandemia, pero la escasez ha sido acompañada por la falta de coordinación, coherencia y complementariedad. Los políticos dicen estar muy preocupados por el bienestar de sus pueblos, por su supuesto compromiso para atender sus necesidades, pero han repartido dinero sin los indicadores que les permitan determinar que ese dinero resolverá el problema.
