Si bien esta tendencia es favorable para evitar una catástrofe climática, también es una ruta con costos económicos y sociales que no se pueden ignorar. Por lo tanto, es urgente planearnos el reto impulsar una transición energética sustentable, pero planificar un abandono responsable de la industria de combustibles fósiles en México.
Empecemos por aceptar que la política energética federal actual no es sostenible más allá de uno o dos ciclos electorales. Las restricciones que hoy se quieren imponer a la transición energética serán revertidas por la competitividad de las renovables y las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía.
Del lado político, es posible que las nuevas generaciones demanden una política climática cada vez más ambiciosa, como sucedió en Estados Unidos en 2020. Empresas como Pemex irán perdiendo el aprecio popular, a menos que dirijan sus inversiones a nuevas tecnologías renovables, como en el caso de las empresas petroleras estatales en China.
¿Cuál es el costo de dejar de invertir en el sector hidrocarburos de manera acelerada? En primer lugar, este cambio representa una pérdida de ganancias a corto plazo, dado que la demanda de combustibles fósiles será relevante durante varias décadas más.
La incertidumbre radica en que no sabemos qué tan acelerada será la caída de tal demanda y cuándo es el momento correcto para abandonar el sector. Otro costo asociado es el riesgo social por la destrucción de empleos en sectores contaminantes.
Para ello, la transición energética requiere pensarse bajo un enfoque de justicia social en la que se planifique la incorporación de tal capital humano en sectores alineados a una economía sustentable y circular. La creación de “empleos verdes” debe estar al centro de la agenda climática que demande el dejar de invertir en combustibles fósiles.
