La semana pasada, los líderes de las cúpulas empresariales aplaudieron los acuerdos tejidos con el gobierno que materializaron la ley contra el outsourcing; sin embargo, para la comunidad de negocios no hay nada qué celebrar. Al contrario. La regulación a la subcontratación, los incrementos al salario mínimo, la igualdad salarial, la NOM 035, la ley que formaliza el home office, están provocando gastos incrementales en las empresas y, eso, derivará en buenas y malas, muy malas, noticias.
Vaya paradoja. La política laboral le está haciendo justicia a los trabajadores ante la aplicación de diversas medidas que debieron ocurrir de tiempo atrás. Pero, en medio de la crisis económica más profunda de los últimos tiempos, la disyuntiva está en descubrir si no estamos frente a un espejismo; es decir, hoy, el trabajador y sus beneficios están en el centro de la estrategia corporativa, pero no está del todo claro que haya el dinero suficiente para cuidar de él y de sus derechos.
Los nuevos ordenamientos en materia de subcontratación, por ejemplo, tienen el objeto de evitar la defraudación fiscal, preservar la seguridad social de los trabajadores, etcétera, pero las perspectivas estiman una lluvia de despidos ante la dificultad de las empresas para contratar a todo su personal, así como el boom en la contratación por esquemas por honorarios trasladando al empleado la responsabilidad de pagar sus impuestos y costear sus cuotas ante el IMSS e Infonavit.
La indicación para los departamentos de Recursos Humanos es mantener las rebajas en los salarios, la reestructura, aún cuando ello desequilibre a sus equipos; también, las presiones por vender, sea como sea, se manifiestan hacia el personal que vive capturado por el estrés. En síntesis, los discursos y reglamentaciones llaman a una nueva era laboral, pero en la realidad persiste la simulación.
“No es un tsunami, pero sí una sacudida, una nueva capa de estrés (en el terreno laboral”, dice Melissa Mata, líder de la práctica de Compensación Ejecutiva y Compensación Total de Mercer. “Cada reforma trae un gasto incremental, que implica un músculo financiero para que la fuerza laboral esté a punto en dos a cinco años”.
Es cierto, el gobierno ha hecho muy poco para ayudar a las empresas y, en cambio, le ha metido más presión al mercado laboral; también, la pandemia ha contribuido con la descomposición. Pero el planteamiento para que las empresas se mantengan en pie, a estas alturas de la pandemia, es tener una mirada bifocal y bolsillos muy profundos.