Hasta antes de la iniciativa presentada por el presidente se barajeaba la opción de eliminar por completo la figura del outsourcing. Plantear esta alternativa ponía en riesgo el trabajo de 4.1 millones de personas que, de acuerdo con los más recientes Censos Económicos, trabajan bajo este esquema de contratación. Afortunadamente, lo aprobado por el Congreso no va en este sentido.
Si bien la reforma plantea la prohibición de la subcontratación de personal, deja abierta la puerta a la subcontratación de trabajadores para servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Esto debe ofrecer certidumbre a una proporción de las empresas y los trabajadores de este sector.
Sin embargo, de acuerdo con ManpowerGroup, existe un escenario donde aproximadamente el 70% de los empleados subcontratados pasarán a esquemas laborales sin seguridad social, la informalidad o el desempleo. Es necesario dar seguimiento a las consecuencias no deseadas derivadas de esta reforma, y la más importante es el riesgo de incrementar la informalidad y el desempleo.
Esto es particularmente importante ya que aún nos faltan por recuperar hasta 2.7 millones de empleos perdidos por la pandemia y más de un millón de negocios quebraron durante el último año.
Por otra parte, la reforma regula con mejores instrumentos de monitoreo el cumplimiento de la ley. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo indican la creación de un registro de empresas de subcontratación. Estas empresas tendrán que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para darse de alta en el padrón. También se implementan sanciones para quien no permita inspecciones laborales y se establece un monto máximo de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), esto último con el fin de reducir el costo de la reforma para algunas empresas.
