Recordemos que en nuestro país hay una demanda neta de un millón de viviendas por año, en 2020 se construyeron muy pocas, en años pasados tampoco se construyeron las suficientes para abastecer ese mercado real y nada parece indicar que ese rezago no seguirá creciendo de forma significativa en el futuro.
¿Qué está sucediendo de fondo? La mayoría de los desarrolladores de vivienda son inversionistas de empresas pequeñas y medianas que dependen necesariamente de dos factores:
1. Accesibilidad al crédito puente que hoy la banca tiene relativamente disponible, pero con restricciones importantes debido a la incertidumbre que vive el país a causa del decrecimiento económico generado por las políticas públicas del presidente López Obrador y, por supuesto, por la pandemia de COVID-19; y
2. Los desarrolladores también dependen de mecanismos que faciliten la salida de la vivienda, es decir, mecanismos para el comprador final que usa capital propio o crédito hipotecario.
Si bien el año pasado se vendieron 230,000 viviendas, en realidad se debieron construir y vender un millón para satisfacer la demanda. No obstante, estamos en un punto coyuntural donde, por un lado, los desarrolladores no quieren arriesgar su capital y asumir deuda porque no tienen certeza de la salida de sus proyectos. Por otra parte, el ambiente de inseguridad y violencia que azota diversas entidades del país complica todavía más las cosas.
Tenemos un problema muy grave que fue recientemente corroborado por datos del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 publicado por el World Justice Project®️, el cual reveló que la CDMX es la entidad más corrupta de México. El índice mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país y toma en cuenta factores como límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos fundamentales, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.
