Si bien existen diversas respuestas a esta pregunta, como lo es el estigma que existe en contra de los concursos mercantiles en México, sin duda la complejidad, el costo y el difícil acceso al procedimiento impide a las pymes recurrir a éste al encontrarse en crisis.
En primer lugar, encontramos una serie de requisitos que las empresas deben cumplir al presentar su solicitud de concurso mercantil ante los Jueces Federales. Estos requisitos no son del todo fáciles de elaborar tomando en consideración la urgencia de la empresa para gozar de las protecciones judiciales que otorga la Ley de Concursos Mercantiles.
Asimismo, algunos de estos requerimientos pueden resultar onerosos para las pymes, como por ejemplo la obligación de garantizar el monto aproximado de 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) para pagar los honorarios del visitador, quien es el encargado de revisar la contabilidad y documentos de la empresa para verificar su situación de insolvencia.
En segundo lugar, encontramos que el tiempo en el que se tramita un concurso mercantil resulta muchas veces perjudicial para las empresas, pues no obstante la ley busca que el procedimiento sea ágil y rápido, en la práctica nos encontramos que solamente el tiempo en que se tarda en admitirse el procedimiento, así como en emitirse la sentencia que declara a la empresa en concurso mercantil ha provocado que se agraven sus problemas económicos.
Mientras no se admita el procedimiento, la empresa no cuenta con las protecciones que prevé la Ley de Concursos Mercantiles, como lo es la suspensión de los procedimientos de ejecución en contra de sus bienes.
Asimismo, mientras no se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, las deudas de la empresa siguen generando intereses, por lo que el pasivo continúa incrementándose, volviéndose casi imposible para empresas con las particularidades que caracterizan a las pymes planear una reestructura realizable.
En tercer lugar, las empresas se han enfrentado ante el problema que, a pesar de lograr un convenio de reestructura con sus acreedores, las autoridades fiscales se oponen a otorgar a los concursados la condonación de sus créditos fiscales.
Lo anterior impide que las empresas recuperen su viabilidad, especialmente si se trata de pymes, pues sus ingresos difícilmente resultarán suficientes para pagar los créditos fiscales sin que exista la posibilidad de que éstos sean condonados, al menos de manera parcial.
