Al momento de escribir este artículo se discuten las más de 300 reservas presentadas por los diputados. Sin embargo, podemos esperar que la Ley de Ingresos (LIF) 2022 junto con la miscelánea fiscal y la Ley de Derechos pase al Senado casi sin modificaciones al proyecto del Ejecutivo.
Antes de entrar a los temas controvertidos de las modificaciones a la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las y los ciudadanos debemos estar conscientes que nuestros representantes no están discutiendo los cambios profundos y radicales para que México tenga un marco fiscal capaz de atender necesidades básicas como acceso a agua, alumbrado público, educación y servicios de salud; indispensables en medio de la pandemia del COVID-19.
Los tiempos legislativos nos invitan a pensar que para el año 2022 no tendremos mayores ingresos públicos, ya que la miscelánea fiscal únicamente podría no disminuir los ingresos tributarios entre el ejercicio fiscal 2021 y 2022. Pero, en estos momentos de discusión presupuestal, la sociedad civil debe exigir que al comienzo del próximo ciclo presupuestario tengamos propuestas que amplíen los ingresos públicos para financiar, por ejemplo: un sistema de cuidados, que permita que más mujeres se integren al mercado laboral, junto con un sistema de acceso a servicios de salud para todos los mexicanos, entre otros gastos sociales que permitan que México crezca.
Las propuestas de gasto social, como la disminución de la edad y el incremento de las pensiones del bienestar de adultos mayores crean presiones fiscales adicionales que cada vez serán más difíciles de cubrir. Sacrificaremos gasto en escuelas, hospitales e infraestructura, si no contamos con una fuente de ingresos capaz de cubrir los gastos propuestos. Entre más tiempo esperemos para proponer mayores ingresos públicos, la solución será más complicada en el ámbito político y económico, y los sacrificios sociales habrán sido mayores.
De regreso a la discusión de la LIF 2022 y, sobre todo, a la reserva de la miscelánea fiscal que limita las deducciones a las donatarias autorizadas, la propuesta es contraria a la promoción de un México incluyente. La mayoría de estas organizaciones atienden carencias sociales, que son ignoradas por el Estado. Proponer una medida que limita las posibles donaciones que pudieran recibir, es limitar su participación en la vida del país.
