El tratado funciona porque la integración productiva de América del Norte es real, profunda y costosa de revertir: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y casi 16% de las importaciones de Estados Unidos vienen desde México, más que Canadá o China.
Desmantelar el andamiaje comercial que sostiene esa relación no le conviene a nadie, ni a México ni a sus socios del norte. Sin embargo, hay una conversación que debería estar ocurriendo en esas mesas de negociación.
Las rondas de revisión se están concentrando en industrias que tienen voz propia, como automotriz, acero o energía; sectores enormes que cuentan con representación técnica propia, con cabildeo activo en Washington y con capacidad para hacer sentir su peso en cualquier negociación.
Esa voz es legítima y necesaria, pero hay otro actor que mueve una parte considerable de las exportaciones mexicanas y que raramente aparece en los titulares de estas negociaciones: las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Más del 95% de las empresas en México son pymes, aunque su participación directa en las exportaciones es limitada, el papel que tienen varias miles de pymes que son maquiladoras, procesadoras y proveedoras dentro de las cadenas de valor que sí exportan es determinante.
Aún cuando son el tejido invisible que conecta la producción nacional con los grandes flujos comerciales que dominan las estadísticas, el tratado que se está revisando hoy no les está preguntando qué van a requerir mañana.
Lo que creo que las pymes necesitan no es complicado de articular: precisan de reglas de origen más accesibles. Sí, la certificación de origen bajo el T-MEC se simplificó respecto al TLCAN, pero sigue siendo un proceso que exige capacidad técnica y administrativa que muchas pymes no tienen.
Una pyme que no puede certificar correctamente el origen de sus productos paga aranceles que sus competidores no pagan, y esa brecha se convierte en la diferencia entre ganar o perder un contrato.
