Urgen explicaciones claras sobre lo que pasa y lo que viene con la pandemia. Por ello, es importante conocer la postura de uno de los organismos públicos más influyentes en estos momentos, que ha estado envuelto en la polémica por su desempeño, pero sobre todo que sus decisiones determinarán de algún modo el curso de la pandemia en México.
Así, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sostiene: en el radar hay pocas autorizaciones para nuevas vacunas, medicamentos, dispositivos médicos contra el COVID-19; en algún momento, el sector privado ampliará sus servicios de comercialización, pero no ahora; viene una actualización en la lista de pruebas rápidas autorizadas y no existe una subordinación ciega hacia Hugo López-Gatell.
Esta historia tiene sus claroscuros.
La relación entre la Cofepris y el sector privado no ha sido tersa. En los primeros años de la actual administración federal, la comisión estuvo a cargo de José Alonso Novelo Baeza, quien mantuvo una fría, casi inexistente relación con los empresarios. Ahora, con el actual comisionado Alejandro Svarch Pérez la interlocución es muy distinta. Incluso, fuentes consultadas aseguran que la técnica ha vuelto a la Cofepris. Pero también sigue gravitando la percepción de que la política se puede imponer.
Natán Enríquez Ríos, titular de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris, dice: “Hay quienes se casan con la idea de que el sector industrial es casi la antítesis de lo que debe ser lo público, pero nosotros hemos generado un entorno de apertura institucional ordenada, disciplinada, franca. Sí, cualquiera desde su posición pretende ganar terreno, pero en ningún momento nos hemos sentido presionados, obligados a tomar posturas o a generar algún tipo de acto por presiones de la industria”.
La influencia de la Cofepris está prácticamente en buena parte de las actividades económicas. Se dice que, en números redondos, 10% del PIB está regulado por esta comisión. Los intereses que se juegan son muchos.
Al respecto, el comisionado de Autorización Sanitaria dice: “Yo no estoy peleado con que una autorización pueda ser de beneficio para un particular. Eso está bien, pero debe llevar implícito que ese producto es para beneficio de la salud de las personas. Si tengo que decidir entre 10 productos, el primero que se priorizará será aquel que genere el mayor impacto en la salud pública. No me fijo si cuesta mucho o poco, no me fijo en quién lo produce, sino en que tenga una repercusión benéfica para la población”.
Es importante detenerse aquí. De acuerdo con testimonios recabados para dotar de contexto a esta historia, se sabe de una regla no escrita basada en generar presión a través de medios, lobbying, para que la Cofepris acelere la autorización de medicamentos, dispositivos médicos, vacunas.
Al respecto, Natán Enríquez reconoce la práctica, pero asegura que la prioridad es velar por la salud pública, de tal forma que si una petición se alinea al enfoque de salud pública, la Cofepris trabaja para que el beneficio llegue lo más pronto posible a la población. “Pero si no cumple con ello -así lo expliquen, lo escriban y lo presionen- no nos movemos”.
Sin embargo, la presión podría venir de otro lado, de alguien muy cercano. Hoy, la Cofepris le reporta a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a cargo de Hugo López-Gatell. Las agencias internacionales pares a la Cofepris son independientes, autónomas. Aquí no, y eso es más que suficiente para darle rienda suelta a los pensamientos más macabros en torno a la sumisión de la Cofepris hacia el funcionario en cuestión.
El titular de la CAS de la Cofepris rechaza esta interpretación y considera que este enroque tiene el objeto de generar una política pública nacional que garantice la protección a la salud de todos los mexicanos. “No tendría por qué considerarse que hay algún conflicto de interés o de presión porque no es una persona quien decide, sino es el ente que determina la política pública en cuanto a la prevención, promoción y protección de la salud; no es como tal estar supeditados a la decisión de una persona”.
Al tiempo que la cuarta ola de COVID-19 sigue en su pico, se manifiesta la urgencia por abrir el mercado de medicamentos para acabar con el virus, lo que implica permitir que farmacias, consultorios, hospitales puedan venderlos masivamente. ¿Quién puede, en su sano juicio, impedir que la gente tenga acceso al remedio que le permita terminar con su pesadilla?
Bajo el enfoque de la Cofepris, hoy las autorizaciones se han otorgado bajo la figura de “uso de emergencia” y bajo ese entendido es el gobierno el único que asume la responsabilidad de las decisiones y de las políticas. Nadie más, por lo pronto hasta en tanto la emergencia sanitaria continúe. “Por supuesto que llegará el punto en el que (las vacunas y medicamentos) podrán ser comercializables”, afirma Natán Enríquez.
