La discusión planteada es altamente compleja y abarca a múltiples sectores y ocupaciones de la sociedad. Como tal, debe ser abordada en todas sus dimensiones y no concentrarse en un sector específico.
Para todos estos trabajadores independientes, el año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la firma de un convenio con las principales plataformas de movilidad y reparto que operan en nuestro país para que conductores y repartidores tengan acceso a todos los beneficios del régimen obligatorio de seguridad social a través de un esquema voluntario en el que conservan su autonomía y flexibilidad.
Ahora bien, el reto central que enfrentamos excede a los trabajadores digitales y consiste en definir la mejor manera de ordenar el acceso a derechos a los que hoy sólo los trabajadores formales, tanto subordinados como independientes, tienen acceso. Al cierre de diciembre de 2021, 56.9 millones de mexicanos no tienen acceso a un empleo formal, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas personas se dedican a actividades que van desde el ambulantaje hasta trabajadores del hogar que aún no acceden al régimen al que tienen derecho.
Sin trabajo formal no hay acceso a satisfactores básicos para una buena vida. Más de la mitad de la población ocupada en México no tiene acceso a contratos ni seguridad social; a servicios médicos, de financiamiento a la vivienda o al consumo, guarderías, ahorro para el retiro o servicios deportivos y de esparcimiento. En el último mes de 2021, se tuvo registro de más de 32 millones de trabajadores en la informalidad, lo que representó un aumento con respecto al mismo mes de 2020.
Necesitamos aspirar a una seguridad social universal. El reto para los gobiernos y legisladores en todo el mundo está en permitir que los nuevos esquemas laborales, trabajadores e industrias que representan las primeras manifestaciones de un nuevo modelo económico florezcan al tiempo que se fortalecen los derechos humanos de quienes participan en ellos y que todos, independientemente de nuestro estatus laboral, recibamos una protección integral.
