La integración de México a la economía global en las últimas tres décadas, cuya principal palanca ha sido la implementación del TLC con Estados Unidos y Canadá, ahora transformado en el T-MEC, se ha cimentado y concentrado en las regiones del norte y centro del país, destacando Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, estado que en los últimos meses ha ocupado las primeras planas de las notas nacionales en materia de economía.
Para nadie fue una sorpresa que, pese a las reservas del gobierno federal y a su intento de orientar la inversión de Tesla hacia estados cercanos al nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la empresa de Elon Musk haya elegido al municipio de Santa Catarina para construir lo que será la planta de autos eléctricos más grande del mundo, con una inversión estimada de 5,000 millones de dólares en una primera etapa.
La cercanía geográfica con la planta de Tesla en Austin Texas, la calificación de la mano de obra, las condiciones de la infraestructura y la red de tratados de libre comercio que tiene nuestro país, son los factores primordiales que llevaron a la empresa a decantarse por Nuevo León. Sin duda, estamos ante la llegada de una inversión de gran envergadura, que además de la derrama económica y la generación de empleos, contribuirá a la atracción de otras inversiones estratégicas en industrias de punta, que favorecerán aún más a una región altamente competitiva.
Con sobrada razón estamos entusiasmados y con altas expectativas respecto de la instalación de la planta de Tesla en territorio nacional, pero seamos realistas, nuestro país requiere de mayores inversiones, públicas y privadas en otros sectores y en otras regiones, para dar un salto cualitativo que nos permita disminuir las desigualdades en la generación de riqueza entre las diferentes regiones y sectores de la población.
En el actual modelo de desarrollo existen regiones perdedoras que están marginadas de las actividades económicas más dinámicas y rentables, y que ocupan los primeros lugares en indicadores de pobreza. Según el Coneval, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más atrasados de México, con índices de pobreza que superan el 60% de la población. Chiapas ocupa el primer lugar con un 75% de su población en estado de pobreza. Los rezagos históricos, la escasa infraestructura y mano de obra especializada, y la poca participación en la industria manufacturera de exportación –principal beneficiaria de la apertura comercial de nuestro país– han contribuido a la pérdida de competitividad de estos estados y en general de la región sur del país, ampliando la brecha con las regiones más avanzadas.
Para romper el círculo vicioso de pobreza e impulsar la competitividad es imprescindible implementar políticas económicas que potencialicen el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo del capital humano, de acuerdo con las vocaciones productivas y cuidando aspectos esenciales, como son el patrimonio cultural y natural de esta región. Es necesario, así mismo, realizar cuantiosas inversiones en infraestructura para hacer viable y atractiva la inversión privada. Las insuficiencias son tan amplias en materia de transportación de bienes y personas, y en general en la conectividad y el funcionamiento de los servicios logísticos, que se requieren esquemas de financiamiento que combinen recursos de la banca privada y de desarrollo, incluyendo capital internacional.
