De acuerdo con los pronósticos, el futuro de esta iniciativa es cosa juzgada considerando que se requiere de mayoría simple para su aprobación pero también se espera que registre sus resistencias y, sobre todo, que algunos de sus apartados sean cuestionados debido a que hay ciertas disposiciones con anclaje constitucional. Como sea, la autollamada Cuarta Transformación alista un nuevo golpe que, si bien apunta directamente a la gestión pública, sus impactos finalmente repercutirán en la calidad de atención hacia diversos grupos sociales.
Detrás de esta iniciativa está el sello que el actual gobierno le ha impuesto al manejo de los recursos públicos. Hoy no está clara la racionalidad económica de ésta. No hay información que permita determinar con claridad el ahorro que pretende obtenerse con su aplicación. Lo que está iniciativa alimenta es la percepción de que el uso del recurso público será para otros propósitos. No es que se vaya a ahorrar dinero, sino que éste se moverá hacia los programas y obras que Andrés Manuel López Obrador, y solo él, considere prioritarios.
Así, la narrativa y los mensajes entrelíneas que lanza no se fundamentan en criterios que verdaderamente nos permitan considerar que el espíritu de esta iniciativa se materializará. Todo lo contrario. El presidente confunde el combate a la corrupcion con austeridad republicana y hasta con la pobreza franciscana, cuando se trata de fenómenos distintos. Sin duda, hay que evitar dispendios y que los servidores públicos se sirvan con la cuchara grande, pero eso no equivale a combatir la corrupción.
Otro de los mensajes entrelíneas que alberga esta iniciativa es la reconstrucción de esa añeja idea de la Presidencia todopoderosa pues alberga algo de nostalgia alrededor de un viejo precepto del sistema político que dictaba que el poder solo puede ejercerse con verticalidad y, en cambio, no se piensa en compartir el poder, delegar para que a través de un buen liderazgo empiecen a moverse las cosas.
“Para el presidente, basta eliminar instituciones y quitar dependencias para repartir dinero y decirle al pueblo de México que ya se acabó la corrupción, pero no es así”, dice Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Dicho esto, lo que ha sucedido con la administración pública federal es que se ha ido desmantelando a partir de los prejuicios del presidente, que piensa en términos generales que en ésta se gasta mucho y que sus funcionarios son una bola de corruptos. La dinámica política es la que hoy influye para empujar esta iniciativa, sin considerar sus impactos.
Hay una distorsionada conceptualización de la gestión pública. Todo gobierno necesita a su administración pública, dado que es un instrumento privilegiado para poder recortar distancias entre los más y los menos para poder ser responsivo y eficaz. Pero esto no se entiende.
“La gestión pública es equivalente a asistencialismo. La administración publica no está para hacer una agencia asistencialista, está para mucho más. Lo ideal sería fortalecer esas estructuras y hacerlas mucho más empáticas con ese pueblo al que el Presidente quiere servir”, afirma María del Carmen Pardo, profesora del programa de Estudios Interdisciplinarios de El Colegio de México.
