Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria. La fecha para ello es el próximo 11 de mayo. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador reveló durante una de sus recientes conferencias en Palacio Nacional, que México ultima los detalles de su propia declaratoria: “Lo estamos viendo. Yo creo que pronto va a darse a conocer ya el acuerdo”.
Frente a eso, es importante tener presente varios puntos: uno, está por terminarse esa situación extraordinaria, de alta vulnerabilidad y potencialmente devastadora para la salud humana; dos, las declaratorias del fin de la emergencia sanitaria se darán a conocer en función de las condiciones que priven en cada uno de los países; tres, la declaración de la OMS ocurrirá solo después de que haya realizado una valoración mucho más amplia en torno de la capacidad de respuesta bajo una perspectiva global.
Lo que sigue, y que no está completamente bien definido por lo menos en México, son los escenarios por manifestarse durante la ruta de salida. La transición entre la emergencia y la nueva etapa de Covid-19 trae consigo, desde ahora, una serie de interrogantes y dudas sobre su futuro manejo. Y, en el fondo, hay dinero de por medio, entre otros elementos que requieren de rendición de cuentas y transparencia.
Que no quepa la menor duda: terminada la emergencia por el Covid-19, la capacidad de respuesta y atención del sector público ya no será la misma. Y eso puede comprometer la siguiente etapa.
¿Quién va a pagar las vacunas de refuerzo en México? ¿El gobierno seguirá asumiendo el costo o las venderá el sector privado? ¿Cuál será su precio? ¿Se integrará al plan nacional de vacunación? ¿Ya se está en pláticas con alguna farmacéutica para adquirir los siguientes lotes? ¿Se comprarán vacunas bivalentes? ¿Qué pasó con la vacuna ‘Patria’?
Bajo el argumento de que el Covid-19 ya no será una emergencia, muchos comportamientos, prácticas, narrativas y presupuestos cambiarán. Por ejemplo, habrá que esperar, desafortunadamente, que el sector público reduzca el presupuesto para su atención; el periodo de incapacidad cambiará; las pólizas de los seguros aumentarán de precio o simplemente no cubrirán la enfermedad.
En Estados Unidos todas las academias médicas ya tienen lineamientos para la ‘Condición Post-Covid’. México no está preparado para tanto. Todo lo contrario. Seguramente el IMSS ya tiene algunos parámetros porque ha tenido que lidiar con las incapacidades de sus derechohabientes, pero al final se percibe mucha desarticulación para atender las secuelas del Covid-19.
La integración de la vigilancia epidemiológica de Covid-19 en la vigilancia epidemiológica convencional también es una interrogante. En este momento, hay dinero y un aparato específico para ello, y es posible que se incorpore al sistema de vigilancia Centinela, pero debemos saberlo porque éste es el que nos salva de identificar oportunamente un nuevo brote o nuevos virus.
Hasta el momento, lo que domina es la opacidad. Hay muchos elementos que no quedan claros, no hay transparencia y, además, se suma la incertidumbre en torno de la aplicación de una serie de elementos jurídicos que permitan dejar sin efecto los decretos que se fueron emitiendo durante la emergencia nacional.
Cuando se declaró la emergencia, se le otorgaron atribuciones al Consejo de Salubridad General y al Secretario de Salud para tomar ciertas decisiones que de otra manera no podrían haber tomado. También se emitieron varios decretos que modificaron los lineamientos para la compra de insumos, de tal forma que muchos contratos no habrían podido cerrarse en condiciones normales. Se autorizó el involucramiento de las fuerzas armadas en el transporte y custodia de las vacunas. ¿Cuántos instrumentos jurídicos se tienen ahora que dejar sin efecto?
