(Expansión) - El actual presidente de México ha presentado al Congreso una serie de reformas a 23 leyes en materia administrativa. Aunque se presenta bajo la premisa de combatir la corrupción, su verdadero objetivo va mucho más allá. Busca castigar la propiedad y la inversión privada, y avanzar hacia una economía con una mayor intervención gubernamental, en nombre del supuesto "interés público" por encima del interés privado. Esto podría llevar a México a una economía completamente estatizada, donde el dictador de turno tenga el poder de definir qué es el mencionado "interés público".
Reforma administrativa, un riesgo para la inversión en México
Si se aprueba este proyecto de decreto sin ningún cambio, se estaría atentando contra el Estado de derecho, convirtiéndolo en un obstáculo para la inversión en el país.
@jorgeteilus
Publicidad
Las modificaciones propuestas a las diversas leyes incluyen establecer límites a las indemnizaciones en caso de expropiación lo cual violaría el artículo 27 de la Constitución, permitir expropiaciones arbitrarias, incluso sin una verdadera utilidad pública, eliminar la obligación de resarcir daños y perjuicios cuando el gobierno cancele un contrato con una empresa privada sin justificación alguna, excepto el vago argumento del "interés público".
Además, se busca incluir cláusulas de terminación anticipada o cláusulas exorbitantes en todos los contratos con empresas privadas, lo que permitiría al gobierno modificar arbitrariamente las cláusulas del contrato sin tener que pagar indemnizaciones, y rescindir contratos sin recurrir a instancias judiciales.
Asimismo, se busca privilegiar a las empresas gubernamentales, otorgándoles facultades del gobierno en materia de concesiones, permisos y licencias, siempre bajo un criterio discrecional, sin reglas claras, transparentes y fiables.
Si se aprueba este proyecto de decreto sin ningún cambio, se estaría atentando contra el Estado de derecho, convirtiéndolo en un obstáculo para la inversión en el país. Esto afectaría la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas, dejándolos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles actos arbitrarios y sin fundamentos objetivos por parte del gobierno.
El Estado de derecho y el respeto a la inversión son pilares fundamentales para el funcionamiento de una sociedad justa y próspera. El Estado de derecho garantiza que todas las personas, incluyendo a los inversionistas, sean tratadas de manera justa y equitativa bajo la ley, sin privilegios ni discriminación. Además, un marco legal sólido y predecible brinda seguridad y confianza a los inversionistas, lo cual es crucial para fomentar la inversión y promover el crecimiento económico.
Respetar la inversión, tanto nacional como extranjera, implica reconocer y proteger los derechos de propiedad, garantizar la estabilidad de las reglas del juego y asegurar que los contratos sean cumplidos de manera íntegra.
Publicidad
Esto promueve la generación de empleo, impulsa la innovación y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. En resumen, el Estado de derecho y el respeto a la inversión son elementos indispensables para promover una sociedad próspera, justa y equitativa.
México ya no puede perder más tiempo buscando atraer inversión, pero al parecer los gobiernos y políticos siguen sin aprender que es fundamental tener un Estado de derecho para tener más inversión. Somos un país con un gran potencial que se ha desaprovechado.
Nota del editor: Jorge Sánchez Tello es consultor privado independiente. Consejero Independiente. Síguelo en LinkedIn y en Twitter. Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad única del autor. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión.
Publicidad
Recomendaciones
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad