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#Entrelíneas | El gobierno soy yo

El Ejecutivo Federal presentó la iniciativa que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica.
lun 24 abril 2023 06:10 AM
AMLO-o
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que gracias a su política de austeridad y combate a la corrupción, no requiere de un incremento de impuestos.

(Expansión) - La gestión pública, en un mundo ideal, provoca orgullo. En México se concibe como instrumento de poder político. La autollamada Cuarta Transformación alista un golpe al servicio público y, lejos de honrarlo, lo usa como un reparto de puestos por razones partidarias, no de méritos, mucho menos de trayectorias y experiencia acumulada. Es un botín.

El pasado 18 de abril, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica. En nombre de la austeridad, la eficiencia del recurso público y el combate a la corrupción, el planteamiento es suprimir o fusionar 18 unidades administrativas, órganos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias y entidades de la administración pública federal, cuyas funciones -dice- se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias.

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De acuerdo con los pronósticos, el futuro de esta iniciativa es cosa juzgada considerando que se requiere de mayoría simple para su aprobación pero también se espera que registre sus resistencias y, sobre todo, que algunos de sus apartados sean cuestionados debido a que hay ciertas disposiciones con anclaje constitucional. Como sea, la autollamada Cuarta Transformación alista un nuevo golpe que, si bien apunta directamente a la gestión pública, sus impactos finalmente repercutirán en la calidad de atención hacia diversos grupos sociales.

Detrás de esta iniciativa está el sello que el actual gobierno le ha impuesto al manejo de los recursos públicos. Hoy no está clara la racionalidad económica de ésta. No hay información que permita determinar con claridad el ahorro que pretende obtenerse con su aplicación. Lo que está iniciativa alimenta es la percepción de que el uso del recurso público será para otros propósitos. No es que se vaya a ahorrar dinero, sino que éste se moverá hacia los programas y obras que Andrés Manuel López Obrador, y solo él, considere prioritarios.

Así, la narrativa y los mensajes entrelíneas que lanza no se fundamentan en criterios que verdaderamente nos permitan considerar que el espíritu de esta iniciativa se materializará. Todo lo contrario. El presidente confunde el combate a la corrupcion con austeridad republicana y hasta con la pobreza franciscana, cuando se trata de fenómenos distintos. Sin duda, hay que evitar dispendios y que los servidores públicos se sirvan con la cuchara grande, pero eso no equivale a combatir la corrupción.

Otro de los mensajes entrelíneas que alberga esta iniciativa es la reconstrucción de esa añeja idea de la Presidencia todopoderosa pues alberga algo de nostalgia alrededor de un viejo precepto del sistema político que dictaba que el poder solo puede ejercerse con verticalidad y, en cambio, no se piensa en compartir el poder, delegar para que a través de un buen liderazgo empiecen a moverse las cosas.

“Para el presidente, basta eliminar instituciones y quitar dependencias para repartir dinero y decirle al pueblo de México que ya se acabó la corrupción, pero no es así”, dice Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Dicho esto, lo que ha sucedido con la administración pública federal es que se ha ido desmantelando a partir de los prejuicios del presidente, que piensa en términos generales que en ésta se gasta mucho y que sus funcionarios son una bola de corruptos. La dinámica política es la que hoy influye para empujar esta iniciativa, sin considerar sus impactos.

Hay una distorsionada conceptualización de la gestión pública. Todo gobierno necesita a su administración pública, dado que es un instrumento privilegiado para poder recortar distancias entre los más y los menos para poder ser responsivo y eficaz. Pero esto no se entiende.

“La gestión pública es equivalente a asistencialismo. La administración publica no está para hacer una agencia asistencialista, está para mucho más. Lo ideal sería fortalecer esas estructuras y hacerlas mucho más empáticas con ese pueblo al que el Presidente quiere servir”, afirma María del Carmen Pardo, profesora del programa de Estudios Interdisciplinarios de El Colegio de México.

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“El planteamiento no es que crezca necesariamente la burocracia ni llevar a déficit nuestro presupuesto, pero sí hay muchas señales en el mundo que hablan de que el gobierno tiene que crecer en capacidad y competencia para que funcione todo lo demás”, añade Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Hay más en esta historia, dos paradojas más del actual gobierno. De acuerdo con los expertos consultados, adelgazar la estructura de la administración pública federal suele ser una medida impulsada por gobiernos neoliberales; en este caso, se observa una posición abiertamente neoliberal con ecos populistas y, también, un llamado a las viejas formas de gobernar que dominaron en tiempos del PRI.

“Hubieramos esperado este tipo de reformas de un gobierno neoliberal que no cree en el poder del Estado, en su capacidad regulativa y en la importancia de tener instituciones fuertes. Lo que se observa es esta idea de que el presidencialismo debe restaurarse y tener una estructura vertical donde el Presidente instruya sobre las cosas que se deben de mover”, sostiene Eduardo Bohórquez.

“El presidente parte de una idea añeja pues supone que es mejor que las secretarías de Estado, la administración pública central, retome o recupere algunas de las tareas que fue perdiendo. Tiene una obsesión de centralizar”, complementa María del Carmen Pardo.

En efecto, al paso de los años, las estructuras de gobierno crecieron por una simple razón: se requerían nuevas capacidades técnicas porque se fueron complejizando las tareas de gobierno. Es decir, el presidente no entiende que hubo necesidad de desdoblarse primero en órganos desconcentrados, luego pensar en la descentralización y hasta en su autonomía porque se necesitaba tener una mejor operación. La demanda ciudadana se fue complejizando, diversificando, y para eso se necesitaba un gobierno ágil, responsivo, empático, que respondiera a tiempo.

El precio por pagar será muy alto. ¿Qué pasará con las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que documenta con datos oficiales los casos de corrupción? ¿Qué área administrará la base de datos que integra las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del país? Por su parte, la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, recrudecerá la ya de por sí vulnerabilidad de todas ellas y ellos. ¿Cómo es que, después de la tragedia ocurrida en el centro de migrantes de Ciudad Juárez, pretenda disolverse la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados?

“Es posible que algunos puntos de la reforma no prosperen y habrá quien interponga recursos ante la Corte”, proyecta Mauricio Merino. Como sea, lo que vendrá es un deterioro en el diseño institucional que, cuando se piense corregir, supondrá otros años de reformas.

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Es cierto, la burocracia suele ser lenta y algunos de sus funcionarios no actúan con la suficiente rectitud, pero también debe entenderse que la gestión pública es el único instrumento para promover un buen gobierno. No hay nadie, solo la gestión pública, la que puede garantizar un gobierno en términos de equidad social. El mercado no está para eso. Tampoco los partidos. En un mundo verdaderamente ideal se invierte en la gestión pública, no se le debilita.

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Las economías desarrolladas, durante la pandemia, se dieron cuenta que replegar o reducir al gobierno, como una cuestión ideológica, no tenía sentido. En éstas hubo un crecimiento del sector público y de las redes de protección para diversos grupos sociales. Lejos de desempolvar esa idea del achicamiento del Estado, van por una nueva gerencia pública.

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión.

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