(Expansión) - La intención de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera la tutela de la Guardia Nacional era que se blindara al cuerpo policial de la corrupción”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, el día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el traspaso a las fuerzas militares de este ente creado en 2019.
#LetrasNetas | Corrupción en pausa
Si la Guardia Nacional requiere estar en el útero de la Sedena para no ser corrupta, entonces no se trata de una fuerza prístina, sino de un poder con la corrupción en pausa.
@ba_anderson
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Entonces, la incorporación formal (porque actualmente es de facto) de la Guardia Nacional no es para aprovechar la sofisticada instrucción castrense especializada ni evitar la colusión con grupos del crimen organizado, como ocurre con policías municipales, ni contar con una fuerza civil. ¿Sólo cambiar el color del camuflaje de los uniformes sirve para que una fuerza de 130,000 efectivos no se corrompa?
Leído fríamente, este cuerpo creado por la actual administración es susceptible de volverse corrupto si no está bajo las órdenes de la Sedena. “La única manera de que la Guardia Nacional se mantenga como hasta ahora, como una corporación para auténticamente defender, proteger a los ciudadanos es que dependa de la Secretaría de la Defensa, porque esto significa profesionalismo, disciplina, honestidad, rectitud”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes del voto de la SCJN.
¿Es realmente la Sedena una garantía prístina? Pues no. Desde 2019 a la fecha, hay más de 100 investigaciones realizadas por diversos medios y think tanks de investigación que revelan presuntos delitos dentro de los ámbitos castrenses, desde espionaje a activistas y periodistas (somos el país que más uso le ha dado al software Pegasus en el mundo), venta ilegal de armas al narcotráfico, uso de recursos militares para el disfrute personal del presidente y su familia, hasta contratos blindados en las obras públicas que quedaron al descubierto en la fuga de datos (los Guacamaya Leaks).
El mismo día que en la mañana el presidente defendía a las fuerzas armadas diciendo que tenemos “un ejército surgido del pueblo”, y que aquí “los militares de más alto rango, los generales de división, no pertenecen a la oligarquía, no son potentados, la mayoría son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares, de profesionales, gente de bien” y que por eso sostenía que “el soldado es pueblo uniformado”, horas más tarde se revelaron los gastos fastuosos de viajes privados del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y su familia a costa del Estado.
La única manera de garantizar el funcionamiento recto de la Guardia Nacional es que sea un apéndice castrense, agregó el presidente, olvidando la decena de casos de violación de derechos humanos que acumula el Ejército y la GN.
“Eso lo deben tomar en cuenta los ministros para tomar una decisión y ojalá analicen bien el caso, profundicen, hagan una revisión de cómo se han comportado las corporaciones policiacas en los últimos tiempos”, dijo. “Ojalá y los ministros piensen en la seguridad de la gente. (...) Estamos hablando de aprovechar las escuelas de la Secretaría de la Defensa, la formación, instalaciones, disciplina, todo el legado que tiene esta secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación”.
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¿El blindaje moral para la GN sólo puede dárselo la Sedena? ¿La gran promesa de esa fuerza civil que reemplazaba a la Policía Federal no era justamente la garantía de no corrupción? ¿Qué más puede cambiar en una fuerza como la GN, donde ocho de cada 10 miembros son exmilitares de la Sedena y la Semar?
Hasta hoy, el ‘ábrete sésamo’ de esta administración, el password para mantener el poder casi total ha sido la corrupción. Y en nombre de ella se han desbarrancado muchas promesas, entre ellas, la no militarización del país. Si la Guardia Nacional requiere estar en el útero de la Sedena para no ser corrupta, entonces no se trata de una fuerza prístina, sino de un poder con la corrupción en pausa.
Nota del editor: Bárbara Anderson es editora, columnista y speaker de negocios y finanzas. Activista de los derechos de personas con discapacidad; dirige yotambien.mx, un sitio de noticias sobre inclusión. Síguela en Twitter como @ba_anderson Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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