(Expansión) - En una época en la que el stakeholder más importante de las empresas es la sociedad civil, procurar los derechos humanos es un enfoque de negocios que cobra relevancia y que puede convertirse en una base sólida para atender los compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) apoyados en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los ODS y su vínculo con programas ASG en la prevención del crimen financiero
El sistema financiero debe promover prácticas éticas que corten el flujo de recursos ilícitos y se alineen con la consecución del ODS16 para 2030.
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Si bien esta es una tarea que atañe a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, giro o sector económico, la industria de los servicios financieros tiene un papel especial en esta cadena, ya que es en ella donde mayoritariamente se mueven las ganancias producidas por delitos como la trata de personas, el financiamiento al terrorismo por violencia extremista y los delitos ambientales.
Hoy más que nunca, es imperativo que este sector mantenga controles eficaces que le preparen para detectar oportunamente transacciones potencialmente relacionadas con este tipo de ilícitos y, con ello, promover una responsabilidad social compartida, en donde la tarea de prevención se extrapole a la procuración del ODS 16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”.
Para que esto suceda, las entidades financieras deben comenzar ajustando el enfoque basado en riesgos (EBR), con la oportuna medición de la probabilidad e impacto de ser utilizadas como medios en delitos de esta índole y teniendo en cuenta el panorama en su totalidad. Por ejemplo, cifras de las Naciones Unidas revelan que, entre 2017 y 2020, 141 países reportaron 187,195 víctimas de trata y reconocen que este número puede variar por los casos que no se detectan.
Adicionalmente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reporta que este ilícito genera una ganancia de 150,000 millones de dólares (mdd) anuales, mientras que las ganancias por delitos ambientales oscilan entre 110,000 mdd y 281,000 mdd al año.
Respecto al financiamiento al terrorismo, algunas unidades de inteligencia financiera han comenzado a transformar el enfoque tradicional con el que se prevenían estos delitos, tal es el caso del Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canadá (Fintrac) que, mediante un boletín especial, comunica la nueva clasificación del extremismo violento motivado ideológicamente como financiamiento al terrorismo, incluyendo diferentes violencias como xenófoba, de género, contra la población LGBTQ+, entre otras. Además, identifica patrones de alerta que permiten a las empresas reportar oportunamente transacciones relacionadas.
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Por lo tanto, el ajuste al EBR debe culminar en controles reforzados que hagan posible incorporar nuevos escenarios de alertamiento a los sistemas automatizados, entrenamiento al personal y sensibilización de la alta gerencia y los consejos de administración; todo lo anterior con perspectiva ASG.
Finalmente, el sistema financiero debe promover prácticas éticas que corten el flujo de recursos ilícitos y se alineen con la consecución del ODS16 para 2030, el cual específicamente señala que: “Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen en conjunto para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva”.
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Nota del editor: Daniel Ortíz de Montellano es Gerente Senior de Forensic de KPMG México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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