(Expansión) - Falta un año para que se termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay datos suficientes para afirmar que el manejo de la salud pública en el país ha sido un fracaso. Más allá de lo que se dice en las mañaneras, hay evidencia de que la falta de presupuesto y de planeación estratégica, así como la inestabilidad legal y administrativa de las instituciones del sector tienen resultados catastróficos como la pérdida de vidas humanas.
El jueves de la semana pasada, la revista digital EMEEQUIS presentó una investigación escalofriante: entre 2019 y 2021 la razón de mortalidad materna aumentó 161% según un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A pesar de esta estadística, que probablemente está influenciada por el efecto de la pandemia, en el mismo documento se manifestó la falta de equipos básicos para ofrecer una atención de calidad como ultrasonógrafos gineco-obstétricos, mesas quirúrgicas electrohidráulicas y camas obstétricas eléctricas.
Las muertes maternas son prevenibles y un monitoreo adecuado permite detectar de forma temprana muchos padecimientos congénitos para mejorar la calidad de vida de los bebés. Sin embargo, en el documento se reconoció que vendrán inversiones para subsanar estos déficits de equipo, pero se harán hasta 2025. Por el momento, las afiliadas que requieran atención ginecológica tendrán que esperar, hay otras prioridades.
La inconsistencia entre una problemática observada y las decisiones que se toman al respecto no es exclusiva del IMSS. De acuerdo con un análisis de Daniela Balbino, investigadora del IMCO, mientras el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumentó 47% entre 2019 y 2022, las consultas para atender este padecimiento se redujeron 270% en el mismo periodo. El efecto en gran medida es atribuible a los cambios en el sistema de salud para quienes no tienen acceso al sistema de seguridad social. En cinco años pasó del Seguro Popular, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y ahora está a cargo del IMSS-Bienestar.
Tristemente, ni estas mujeres ni otros pacientes con enfermedades que requieren tratamientos de alta especialidad enfrentan un panorama alentador. Según una nota del IMCO , en 2024 el programa de la Secretaría de Salud que destina recursos para este tipo de atención sufrirá un recorte presupuestario de 41% en términos reales en comparación con lo que se presupuestó para 2023. Lo malo es que para estos pacientes el tiempo apremia y sin el tratamiento adecuado su vida corre peligro. ¿Estará contemplado en otros rubros de presupuesto? Yo no estoy segura de que así sea.
Ejemplos como estos hay muchos. También hay múltiples historias desgarradoras sobre lo que ha implicado los recortes presupuestarios y el desorden institucional al grado que sabemos, por cifras del Coneval , que 50.4 millones de personas carecen de acceso a instituciones de salud. Una cifra que creció 2.4 veces en lo que va del sexenio y que representa un segmento de la población que está totalmente vulnerable: si se enferma sabe que tendrá que conseguir los recursos para curarse.
¿Qué tanto se revertirá esta situación en los próximos 12 meses? No lo sé, pero esto debería ser una de las principales preocupaciones del gobierno porque la vida de las personas está en juego. Se necesita certidumbre, a través de un plan articulado y con presupuesto suficiente para que el acceso universal a los servicios de salud que tanto ha prometido el presidente sea efectivo y no solo un compromiso de papel.
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Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.
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