La adopción de los nuevos estándares de emisión al transporte tanto de vehículos ligeros como pesados, recientemente adoptados por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, demuestra que la transición hacia la electrificación del transporte es una realidad impostergable. Sin embargo, el camino será sinuoso, ya que implicará una transformación de sistemas de producción y consumo desarrollados en torno a los combustibles fósiles, así como concesiones y consideraciones de intereses diversos, muchas veces contrapuestos, en la industria automotriz.
La ineludible transición al transporte eléctrico
Independientemente de cuál sea el panorama de la economía política en Estados Unidos, los nuevos estándares tendrán un impacto en las decisiones de producción de vehículos en México.
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Los nuevos estándares son los más ambiciosos que se hayan adoptado en ese país, ya que apuntan a que casi dos tercios de los vehículos nuevos en 2032 sean eléctricos y solo un poco más del 10% sean híbridos. Además de reducir emisiones de carbono, exigen que, entre 2027 y 2032, se reduzcan el óxido de nitrógeno y las partículas PM de los nuevos vehículos de pasajeros ligeros y medianos. Con ello se calcula que podrán ahorrarse anualmente 100,000 millones de dólares (mdd) en costos a la salud y 60,000 mdd en el costo de mantenimiento de los vehículos.
A pesar de estos logros, muchos ambientalistas en Estados Unidos expresaron su decepción con estos estándares, pues representan menor ambición de los que originalmente se habían propuesto, sucumbiendo a la presión de la industria automotriz tradicional y del sector petrolero. En el debilitamiento de la propuesta original también jugó un papel importante la necesidad del presidente Joe Biden de asegurar el apoyo político de los sindicatos en esta coyuntura electoral. Los nuevos estándares protegen a los trabajadores que producen vehículos de combustión interna mientras se implementan diversas tecnologías que permitan llegar a la meta de reducción de emisiones del 2032. Un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los cuestionamientos legales que ya ha emprendido la industria de combustibles fósiles y la oposición de republicanos a las nuevas reglas representan riesgos para la transición energética en el sector automotor y en general para mantener los compromisos de reducción de emisiones de carbono en Estados Unidos, ya que las emisiones de transporte son la principal fuente de las emisiones de carbono en el vecino país.
Además, de tener éxito Trump o las demandas legales en curso, se retrasaría la adopción de vehículos eléctricos en Estados Unidos con graves consecuencias para la competitividad global de nuestro vecino y socio comercial, ya que China es hoy líder en la adopción de tecnologías limpias, con cifras récord de ventas y producción de dichos vehículos. Hay quienes argumentan que la reducción en las ventas de vehículos eléctricos en los últimos meses y la caída en el valor de Tesla indican la debilidad de esta tecnología. Paradójicamente, la obligada reducción en los precios de estos vehículos, incluyendo la caída en los costos del litio, conllevará a mantener la agresiva competencia china que apuesta al volumen, facilitando la adopción de estos vehículos en muchos mercados. Además, las inversiones en infraestructura de carga se están acelerando en Estados Unidos y en todo el mundo como parte no solo de las estrategias gubernamentales sino también empresariales.
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Independientemente de cuál sea el panorama de la economía política en Estados Unidos, los nuevos estándares tendrán un impacto en las decisiones de producción de vehículos en México debido a que exportamos más del 90% de todo vehículo producido. Al mismo tiempo, alrededor del 60% de los vehículos que se venden en México son importados de varios países, Estados Unidos, Japón, Brasil, India y crecientemente China. La transición hacia los vehículos eléctricos es un fenómeno global y las medidas adoptadas por la EPA son un paso crucial para alinear a Estados Unidos con las tendencias mundiales en la reducción de emisiones y la promoción de tecnologías limpias. Convendría pues que la Comisión Reguladora de Energía considere la coordinación de sus nuevas normas en función de la globalización de la industria en México, evitando estándares nacionales que impliquen costos de transacción y retrasos tecnológicos.
La adopción de estándares que respondan a esta lógica de la obligada transición hacia la adopción de vehículos eléctricos en el mundo debe ser un paso indispensable para mantener la competitividad de las inversiones en una de las industrias que más se beneficia de su integración global y del nearshoring.
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Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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