La reciente propuesta de Morena para redirigir las pensiones no reclamadas hacia el Fondo de Pensiones del Bienestar genera cierta controversia en el contexto de las reformas legislativas en México. Si bien la iniciativa parece una solución ingeniosa para financiar programas de bienestar social sin incurrir en deuda adicional, es crucial analizar sus potenciales repercusiones económicas antes de avanzar hacia su aprobación.
Aunque la medida afecta únicamente a las pensiones no reclamadas, podría generar inquietudes respecto a la seguridad y la gestión de los fondos de pensiones en general. Un primer paso para entender el alcance de esta propuesta implica responder a preguntas fundamentales sobre el mercado de pensiones: ¿cuántas pensiones permanecen actualmente sin reclamar? ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de este número? ¿Por qué no se reclaman estas pensiones? ¿Qué mecanismos existen actualmente para que los beneficiarios recuperen una pensión no reclamada?
Estas interrogantes son esenciales, ya que para valorar el impacto de la iniciativa es necesario conocer cuántas pensiones y cuánto dinero realmente se está dejando de reclamar. Es probable que la cantidad no reclamada no sea significativa como porcentaje del total y que represente una fracción mínima del presupuesto destinado a los programas de bienestar social que la propuesta pretende financiar. Esto plantea un dilema: ¿vale la pena promulgar una legislación compleja y potencialmente polémica (incluso, potencialmente anticonstitucional) para administrar una cantidad de dinero que podría ser inferior a la anticipada?
Esta situación exige un análisis más profundo sobre la proporcionalidad de la medida en relación con los beneficios esperados. Cuando los beneficios no superan claramente los costos, tanto económicos como sociales, la prudencia sugiere una reconsideración o modificación de la propuesta.
De cualquier manera, sería preferible no interferir con el fondo de pensiones no reclamadas, incluso si se pretende un fin aparentemente beneficioso. Manipular fondos originalmente destinados para el retiro de personas podría establecer un precedente delicado, afectando la percepción de seguridad y confianza en el sistema de pensiones del país. La protección de los derechos de propiedad y la garantía de seguridad para los ahorros de los ciudadanos deberían ser prioridades absolutas.
En conclusión, aunque la propuesta surge con la intención de apoyar financieramente programas sociales importantes, requiere una evaluación meticulosa para asegurarse de que no se vulneren principios fundamentales de seguridad jurídica y económica. Es imprescindible que cualquier reforma en este ámbito se aborde con el máximo cuidado, involucrando consultas amplias con todos los sectores afectados para asegurar que las decisiones tomadas sean justas, legítimas y, sobre todo, beneficiosas para el conjunto de la sociedad.
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Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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