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Pensiones sí, pero con un sistema universal y suficiente

Solo mediante un enfoque integral y colaborativo se podrá construir un sistema de pensiones sólido y justo que brinde seguridad y bienestar a todos los trabajadores mexicanos en su jubilación.
vie 09 febrero 2024 06:11 AM
El abc de la reforma de pensiones de AMLO
La implementación de políticas de pensiones adecuadas y sostenibles es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de la población en el largo plazo, apunta Iván Franco.

La propuesta presidencial en relación con las pensiones en México ha generado un debate intenso y necesario en la sociedad. Si bien se reconoce la noble intención detrás de la iniciativa de garantizar una pensión digna para los trabajadores, varios aspectos críticos deben ser abordados con seriedad para asegurar su efectividad y equidad a largo plazo.

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La política pública en la provisión de pensiones

Quiero abordar este análisis desde la perspectiva de la política pública y la tarea del Estado en la provisión de las pensiones, dejando de lado los aspectos actuariales.

En concreto, las tareas del Estado en la gestión de pensiones son cuatro: diseñar y regular el sistema de pensiones, garantizar la cobertura universal, proteger contra la pobreza en la vejez y promover la educación financiera y de planificación para la jubilación. Me parece que el más importante, pero a la vez complejo es el número dos, garantizar la cobertura universal, y es precisamente el que menos beneficiado está por las reformas recientes y las mencionadas propuestas presidenciales.

Desafíos actuales y futuros

A su vez, hay desafíos que demandan políticas públicas innovadoras y colaborativas que puedan abordar las cambiantes realidades demográficas, económicas y laborales para garantizar la seguridad financiera y el bienestar de los jubilados en el futuro.

Dichos retos incluyen el envejecimiento poblacional, la presión financiera-fiscal que ejercen las pensiones, las desigualdades socioeconómicas, la evolución del mercado de trabajo y el impacto de los choques económicos. Estos desafíos requieren medidas adicionales de diseño para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.

La experiencia de reformas de pensiones en América Latina ofrece lecciones valiosas para México. Específicamente, la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en Chile destaca por su enfoque en expandir la cobertura y asegurar un mínimo a los jubilados, reemplazando y ampliando el llamado Pilar Solidario para garantizar un ingreso básico a millones de personas mayores. De hecho, México ya lo hace, con la pensión de adultos mayores, bajo un esquema aún más “universal” que en Chile. Sin embargo, la región también ha enfrentado dificultades con el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que ha resultado en pensiones insuficientes para muchos, debido a problemas estructurales como la alta informalidad laboral y los bajos salarios. Las experiencias de Chile, Perú y Colombia con las AFP subrayan la necesidad de sistemas más equitativos y sostenibles, que no solo se enfoquen en la acumulación de ahorros sino también en garantizar pensiones suficientes para todos.

Problemas y retos de la propuesta actual

Uno de los principales problemas que surgen al analizar la reciente propuesta es la cuestión de la viabilidad financiera. La propuesta busca asegurar una pensión de hasta casi 16,777 pesos mensuales , basada en el tope salarial del IMSS. Sin embargo, la falta de claridad en cuanto a los requisitos de cotización representa una seria laguna, lo que podría fomentar prácticas fraudulentas y la creación de empresas ficticias para asegurar a trabajadores justo antes de la edad requerida para pensionarse.

Además, la propuesta está dirigida a proteger a los trabajadores del IMSS e ISSSTE , mientras que deja fuera a la gran mayoría de los trabajadores, especialmente aquellos en el sector informal. Esta exclusión plantea interrogantes sobre la equidad y la efectividad de la propuesta en abordar las necesidades de toda la fuerza laboral del país.

Otro aspecto crítico que no puede pasarse por alto es la insuficiencia del fondo destinado a las pensiones, así como sus fuentes de financiamiento. Dada la realidad del envejecimiento de la población en México, se estima que el fondo actual de 64,000 millones de pesos (mdp) resulta insuficiente para sufragar los gastos previstos a largo plazo.

La crítica hacia el fondo semilla de 64,000 mdp , en contraste con los 3.06 billones de pesos en rendimientos acumulados del SAR, y su representación del 19.11% del PIB de México, pone en relieve los desafíos para el Estado al intentar complementar lo que las Afores ya gestionan. Este análisis sugiere que, para alcanzar una iniciativa de magnitud comparable y efectividad, sería necesario considerar la utilización de recursos fiscales amplios, por ejemplo, parte del IVA que ya cobra el gobierno, siguiendo ejemplos de otros países para financiar adecuadamente el sistema de pensiones.

Propuestas para el futuro

El sistema de pensiones en México es insuficiente en cobertura, y ese es el mayor problema. La exclusión a la que están sujetos los trabajadores no registrados en el IMSS o en el ISSSTE es el grueso de la fuerza laboral del país. En 2023, el 55% de la fuerza laboral en México se encontraba en el sector informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa alrededor de 32 millones 343,355 personas trabajando en condiciones de informalidad​. Desde mi punto de vista, la universalidad y suficiencia de las pensiones es la tarea de política pública a perseguir.

Por ello, estas propuestas que escribo a continuación pueden contribuir a hacer universal el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad fiscal a largo plazo, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a una jubilación digna y segura. Sin embargo, es importante reconocer que no existe una solución única y que se requerirá un enfoque multifacético y colaborativo para abordar estos desafíos de manera efectiva.

1. Ampliación de la cobertura: Implementar medidas para incluir a trabajadores informales y de bajos ingresos en el sistema de pensiones, como programas de inscripción automática.

2. Contribuciones obligatorias por parte del Estado, a través del IVA que cobra el gobierno a todos los productos y servicios.

3. Flexibilización de requisitos de elegibilidad: Reducir o eliminar los requisitos de edad mínima o de años de cotización para acceder a pensiones, especialmente para aquellos trabajadores que transitan entre la formalidad e informalidad, en condiciones de vulnerabilidad económica o de salud limitada.

4. Fomento del ahorro voluntario: Implementar incentivos fiscales agresivos para promover el ahorro voluntario para la jubilación, tanto a través de fondos de pensiones privados como de otros instrumentos de inversión.

5. Diversificación de fuentes de financiamiento: Explorar opciones de financiamiento adicionales para complementar las contribuciones de los trabajadores y los empleadores, como impuestos específicos sobre la riqueza o las transacciones financieras, o la participación de más actores del sector privado en la administración de los fondos de pensiones.

6. Mejora de la gestión y transparencia: Fortalecer la supervisión y regulación de los fondos de pensiones para garantizar una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos, así como la protección de los derechos de los beneficiarios.

7. Adopción de políticas de empleo y crecimiento económico: Promover políticas que fomenten la creación de empleo formal y el crecimiento económico sostenible, lo que contribuirá a aumentar los ingresos fiscales y reducir la dependencia del sistema de pensiones del financiamiento público.

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Las propuestas mencionadas anteriormente pueden contribuir a hacer universal el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad fiscal a largo plazo, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a una jubilación digna y segura. El sistema de pensiones en México es complejo y fragmentado, con múltiples esquemas contributivos y no contributivos a nivel federal, estatal, y de universidades.

Es preferible enfocarse en mejorar la pensión de adultos mayores de la actualidad, que ya integra la universalidad y tiene rango constitucional. Obviamente, falta que sea suficiente para las personas que representa su único ingreso.

Posiblemente, unificando el marco regulatorio de la pensión de adultos mayores con las Afores asegurando que los beneficios sean complementarios y no excluyentes. Ofreciendo mecanismos que permitan la transferencia flexible de recursos entre la pensión para adultos mayores y las cuentas de Afore, adaptándose a las necesidades cambiantes de los pensionados. Promoviendo incentivos fiscales o bonificaciones por aportaciones voluntarias a las Afore, lo cual puede aumentar el monto total acumulado para la jubilación, complementando así la pensión básica estatal.

Conclusión

Solo mediante un enfoque integral y colaborativo se podrá construir un sistema de pensiones sólido y justo que brinde seguridad y bienestar a todos los trabajadores mexicanos en su jubilación. En última instancia, la implementación de políticas de pensiones adecuadas y sostenibles es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de la población en el largo plazo.

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Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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