¿Qué causa la liticafobia?
Cuando la comunicación se colapsa entre las partes, no hay forma de que se llegue siquiera a ese mal arreglo. Si no hay siquiera voluntad de escuchar a los agraviados, y la contraparte porta la investidura de “autoridad”, entonces no hay más remedio que acudir a tribunales, a pesar de la incertidumbre, costos y otros malestares de vivir sub judice. A las “autoridades” tampoco les debería entretener las contiendas, puesto que les compete un millar de cosas más, que urgen al país. En otra vida, parece ya, cuando hacía mis pininos energéticos en la CRE, Raúl Nocedal, el comisionado del que era asesora, tenía un imperativo: que cualquier desacuerdo entre los regulados y el regulador se conciliara in situ, mediante el recurso de reconsideración. Se exaltaba al advertir que, de ninguna forma, el lío podía fugarse al poder judicial. La ropa regulativa, por su gran especialidad, debía lavarse en casa.
La reforma de 2013 esfumó el recurso de reconsideración que abría una vía institucional para que la CRE y los permisionarios trataran de conciliar sus diferencias. Desde entonces, cualquier molestia la debe aliviar un juez de amparo. Por desdicha, en muchas cosas no se pudieron poner de acuerdo las empresas de energía y este gobierno por lo que no hubo rumbo hacia la concordia. La pandemia fue una oportunidad para darle un palmo de narices a los permisionarios quienes aún carecen de canales de comunicación adecuados con la CRE. Sin prejuzgar sobre si tenían o no razón, las empresas no tuvieron dónde ir salvo a los tribunales. Al sentirse desafiado, el Primer Mandatario ha resuelto poner a “Sus Señorías” en su lugar. ¿Cuál es ése, según el gobierno de López Obrador? Pues todo indica que en la calle.
La reforma judicial es un síntoma de “liticafobia”
Ignoro si en otros sectores sucedió lo mismo, pero en el energético, y durante este sexenio en particular, tanto el gobierno, como las empresas, lo han pasado en juicio y aún hay muchos pendientes de resolver. Acto emitido fue acto litigado. Esto causó un desgaste atroz en la relación entre gobierno y empresas. Las autoridades argumentaban que sus medidas eran “justas y necesarias,” mientras que las empresas consideraron ultrajados sus derechos. En muchos casos, la justicia ha amparó y protegió, lo cual se interpretó como una agresión personal de los Jueces al Primer Mandatario.
Cada sentencia a favor de un “quejoso”, era vista un desafío a la volición presidencial. Los jueces, en lugar de ser árbitros, devinieron en cómplices a ojos de las autoridades. Tal es el origen de la “liticafobia” y, la reforma judicial, mientras que pretende ser un remedio, tan sólo es un síntoma de los muchos malestares que se sufren por la litigiosidad en el sector. Sin embargo, es posible que el remedio sea peor que la enfermedad y que las empresas, o de plano se vayan de México o –si fuera posible—recurran al arbitraje internacional. El remedio será peor que la enfermedad.
