Ahora, ante los ataques que lanza a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha deslizado la posibilidad de presentar una reforma para eliminar la deducción de impuestos por donativos a OSC. “No informan a la sociedad, a pesar de todo. Es un planteamiento, a ver si pronto se pudiera hacer algo porque muchas de ellas se dedican a la política, pero tienen subsidios públicos”, añadió.
Ciertamente, en el mundo hay una tendencia a reducir las acciones de la sociedad civil, so pretexto del terrorismo y el lavado de dinero. Por su parte, el Presidente de México está aprovechando el tema MCCI para legitimar esta agenda pase o no en el próximo periodo legislativo. Ideológicamente, su intención es que solo haya gobernantes y gobernados, y no actores sociales o cívicos que planteen o procesen demandas, agendas o evaluaciones independientes.En este momento, se tiene presente que septiembre será clave para las iniciativas impulsadas por el Presidente de la República, que podrían sentar los cimientos de un preocupante cambio de régimen. En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por eliminar la tasa de deducibilidad de impuestos de los donativos otorgados a las OSC y fundaciones, pero lo cierto es que aún no se tiene ninguna señal que convierta esta postura en alguna iniciativa de ley. Como sea, el daño está hecho pues durante este sexenio se criminalizó a las OSC, no se fomentó la participación social organizada y, mucho menos, la cultura del donativo.
En tiempos de transición, bien valdría la pena cambiar esta circunstancia.
Ningún gobierno del mundo tiene la capacidad para adaptarse e ir al día con la agenda pública, de tal manera que las OSC representan una expresión cooperativa y legal para su atención. Así, lejos de ser esferas que puedan ser enemigas de los gobiernos, son todo lo contrario pues atienden las problemáticas que la dinámica del sector público no logra resolver. Otro de sus grandes aportes es que construyen y diseñan modelos de intervención que posteriormente escalan y se convierten en política pública. En síntesis, las OSC están en todas partes porque hay tantas sociedades civiles como tantas preocupaciones sociales dependiendo del territorio y sus coyunturas.
Entonces, la participación activa de esas expresiones asociativas ocurre en lo cotidiano y se enmarca en un concepto que se conoce como ‘gobernabilidad democrática’, que se expresa a través de las reglas y normas que organizan las relaciones entre actores en distintos escenarios, en particular, entre el Estado y la sociedad.
Hay muchos referentes de ‘gobernabilidad democrática’, pero uno de los más paradigmáticos es la construcción de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), que fue promovida por la sociedad civil organizada, a raíz de que antes se contaba con 32 leyes locales que, en términos prácticos, trataban a NNA como muebles, por lo que fue necesario un largo debate, nada terso, para dar paso a una de las leyes de derechos de NNA más avanzadas del mundo que es referente y promovida por el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Sin embargo, y a pesar de las aportaciones de las OSC, hay algunos resortes que se activan en toda la comunidad política que las describen como grupos de choque, como organizaciones con muy malas intenciones y que, bajo el disfraz de la sociedad civil, lo único que buscan es desestabilizar al gobierno en turno. “Es un estándar, todos van a la misma escuela, aunque se vistan de derecha, ultraderecha, de izquierda o izquierda radical, todos rápidamente etiquetan a las OSC como adversarias”, acusa Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe.
Así, lo que debería ser una guía para quienes se consideran progresistas, se ha convertido en blanco de ataque de un tiempo para acá. Desde hace 10 años, aproximadamente, varios gobernantes de América Latina han buscado formas para romper con los principios de la ‘gobernabilidad democrática’. Andrés Manuel López Obrador, desde su primer tramo de gobierno, marcó distancia de las OSC, ha buscado bloquearles las fuentes de financiamiento bajo la narrativa con la que sostiene que ninguna está libre de sospecha y, por lo tanto, todas son corruptas. En tiempos de la autollamada Cuarta Transformación, las OSC han sido perseguidas, hostigadas fiscalmente; la vida asociativa ha pasado por sus peores momentos.
“El gran resorte (que se activa) en Andrés Manuel López Obrador es su ánimo de concentrar el poder, controlar el territorio y la narrativa. La oposición o lo que queda de ésta era un obstáculo para concentrar poder. ¿Quiénes podían disputar control territorial? Las organizaciones, porque estamos trabajando en el territorio, dando servicios, acompañando a las víctimas, resolviendo temas”, dice Juan Martín Pérez.
En un entorno donde domina la desconfianza, nadie puede asegurar que haya organizaciones que puedan ser fachadas de otros intereses, pero cada día es más complicado tratar de disfrazarse de OSC cuando en realidad no lo es.
