Pensar en integrar a los órganos autónomos y reguladores a las secretarías correspondientes no solo es un despropósito; es un planteamiento que desvela una actitud en la que se piensa que todo, absolutamente todo, debe estar bajo el control del gobierno y de nadie más.
En las próximas semanas, el Poder Legislativo arrancará la discusión en torno de las reformas constitucionales planteadas por el actual Presidente de la República. De arranque, la atención, y la tensión, estarán puestas en la reforma al Poder Judicial. Pero, después, vendrán otras papas calientes, entre las que se encuentra la iniciativa alrededor de los órganos constitucionalmente autónomos y reguladores. De acuerdo con versiones periodísticas, el predictamen que plantea su desaparición está listo , aunque la sucesora de Andrés Manuel López Obrador sostiene que la intención no es desaparecer su función pero sí incluirlos en la operación de las secretarías de Estado.
Los órganos autónomos y reguladores no fueron concebidos para fastidiar a los gobiernos ni a otros agentes regulados.
En primer lugar, explica María del Carmen Pardo, profesora del programa de Estudios Interdisciplinarios de El Colegio de México, la raíz que les dio origen respondió a la evolución de una sociedad que buscaba transitar hacia una democracia plena y tomaron sentido conforme se manifestaba una complejidad en tareas sensibles de gobierno. Al mismo tiempo, la realidad administrativa fue exigiendo la aparición de estos organismos para regular sectores sensibles y dotar a otros de autonomía para transparentar el voto, defender los derechos humanos, combatir la corrupción.
Uno de los atributos básicos que los caracteriza tiene que ver con que no forman parte de la estructura central de gobierno, por lo que tienen un mayor margen de maniobra. Un segundo rasgo es su capacidad para integrar a cuerpos profesionales conocedores de las materias en las que operan. Pero uno de los elementos más importantes radica en que estos organismos llevan a cabo un trabajo cada vez más técnico y especializado.
En esos términos, ejercen una suerte de blindaje para tratar de detener abusos por parte de intereses particulares que buscan inhibir algún tipo de control en determinados mercados y, también, políticos que pretenden operar, metafóricamente, con la luz apagada y sin ninguna supervisión ni contrapeso. Dicho esto, estos órganos se convierten en entes muy sustantivos porque impiden el abuso de actores que quisieran aprovecharse de una situación de poder o de preeminencia para incidir en el comportamiento de áreas de política pública muy importantes.
Sin embargo, desde su creación y hasta la fecha, los órganos autónomos y reguladores han sido aceptados a regañadientes por los gobiernos en turno. Con sus matices, ninguno ha permitido su florecimiento. Pero, si alguien pudiera pensar que el ambiente alrededor de estos no podía descomponerse más, bien valdría la pena leer los mensajes que retumban en la coyuntura.
“Yo hubiera pensado que, teniendo una formación académica sólida, Claudia Sheinbaum entendería de mejor manera por qué la necesidad de que esos órganos cumplan con las atribuciones para los que están destinados. Sin embargo, lo que ha hecho es profundizar en la agenda del Presidente y su postura es preocupante porque es esta lógica de controlar y centralizar la toma de decisiones que requieren de mucha autonomía”, sostiene María del Carmen Pardo.
Así, complementa Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, lo que se está deslizando con las reformas constitucionales que están impulsando el actual Presidente de la República y su sucesora es un cambio de régimen, de tal forma que la idea de desaparecer los órganos autónomos y reguladores parte de un supuesto equívoco: que el gobierno federal debe y puede regular todas las materias y a todos los poderes del Estado. “El hecho de que seas gobierno no significa que no tengas que cumplir la ley. Y la idea de que el gobierno no debe ser regulado por un poder externo e independiente solo puede abonar a la concentración de poder”, explica.
La Presidencia de la República no puede asumir las atribuciones de los órganos autónomos y reguladores, a menos que desaparezca la división de poderes, el federalismo y a menos que el espacio del que gozan los partidos, los sindicatos, incluso los particulares, quede cancelado con nuevas facultades otorgadas a la mismísima Presidencia de la República, complementa Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
