Éste es el entorno y los caminos torcidos que podría tomar la justicia laboral:
Primero, antes de que se reformara la Ley Federal del Trabajo, en mayo de 2019, la impartición de justicia laboral estaba en manos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo, locales y federal, y en caso de que alguna de las partes no estuviera conforme con la resolución, podía recurrir a los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial. Hasta hoy, los juicios presentados antes de la reforma de 2019 se siguen ventilando en las viejas juntas, lo que refleja un absoluto retraso en sus resoluciones; sin embargo, no se verán afectados de inicio por la reforma judicial, pero sentirán sus efectos cuando alguna de las partes en conflicto se inconforme por una resolución emitida y solicite un amparo, que solo será otorgado por los tribunales contemplados en la reciente reforma. Todo un galimatías.
Segundo, después de la reforma de 2019 entró en forma escalonada en todo el país el sistema de justicia oral, en el que todos los juicios presentados empezaron a ventilarse en Tribunales Laborales, pertenecientes al Poder Judicial. Hasta el momento, este modelo está en fase temprana, en algunos estados registra un buen desempeño, en otros no, pero en cualquier caso se verá interrumpido por la misma reforma judicial.
Es decir, la reforma que hoy provoca mucho insomnio vendrá a multiplicar el estrés en torno de la justicia laboral, que actualmente opera bajo un sistema que debió extinguirse hace ya varios años y mediante otro que apenas despierta.
Los procedimientos para resolver los juicios no tendrán ninguna modificación. El problema estará en la raíz a través de la cual asumirán funciones las y los responsables para impartir la justicia laboral; quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de dirimir las peleas entre trabajadores y patrones, antes de ello, tendrían que seguir el mismo camino que toman todos aquellos que buscan un cargo por elección popular y, ahí, marcarían su suerte: politizarse, sindicalizarse y/o corporativizarse.
Actualmente, todos los jueces son elegidos por el Consejo de la Judicatura por medio de un examen de oposición, en donde los más capacitados desde el punto de vista técnico-jurídico son elegidos, pero ahora no se tiene claro el proceso de elección de los futuros impartidores de justicia, pero de lo que no hay duda es que quienes aspiren a ocupar esos cargos tendrán que hacer campaña y, para eso, financiarse de algún modo.
“Obviamente, se requerirá de impulso económico y, éste, siempre genera compromisos. No debería ser así, pero así es: el ‘favor’ suele devolverse después del apoyo económico”, acusa Carlos de Buen Unna, director general del Bufete de Buen.
“Así va a ser, quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial necesitarán recursos para hacer campaña, organizar desayunos e invertir en publicidad. ¿Quién puede proveer esos recursos? ¿Un grupo de sindicatos o de empresas?”, complementa Diego González de la Fuente, socio del despacho González de la Fuente y Ardura Abogados.
Por lo tanto, la reforma judicial abrirá la puerta a más corrupción, más intereses creados y a la inclinación de la balanza a favor de quien ponga el dinero para la campaña. El pago de favores estaría por encima del derecho.
“A los defectos que ya tiene hoy el Poder Judicial, me temo que se van a agregar otros”, sostiene Carlos de Buen Unna. “Además, tendremos ministros que presumirán saber de materia civil, penal, laboral, fiscal y administrativa. ¿Dónde quedará la especialización?”, cuestiona Diego González de la Fuente.
La especialización no será lo único que saldrá por la ventana. La carrera judicial a la que aspiran muchos jóvenes poco importará. Hasta ahora, muchas son las historias que se están construyendo en las que sus protagonistas han sido mecanógrafos, oficiales de juzgado, notificadores, secretarios proyectistas, para después aspirar a ser jueces. En ello radica la carrera judicial completa. Pero eso, muy pronto, dejará de ser relevante.
