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Reforma judicial, la crisis por las inversiones no está cerca (por ahora)

Las empresas, principalmente extranjeras, supieron adaptarse al estilo de López Obrador y entendieron que la narrativa política no necesariamente se materializaba en acciones de gobierno.
lun 09 septiembre 2024 06:07 AM
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Durante la presente administración se alimentó una teoría: la prosa política está destinada a encender el debate público y hasta las redes sociales, pero no incide en la generación de negocios, señala Jonathán Torres.

El estado que guardan hoy las expectativas de los inversionistas alrededor de la reforma judicial, podría describirse así: después de una muy buena fiesta, de pronto, el fuego empezó en la cocina, se extiende al comedor y a la sala, pero no se sabe hasta dónde llegará; con ello, la gran pregunta está en saber si vendrá alguien a apagar pronto el fuego o si la casa será invadida por las llamas.

Éste es el mapa de impactos en las inversiones, sobre todo extranjeras, ante la reforma judicial:

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El flujo de las inversiones durante la autollamada Cuarta Transformación ha registrado cifras récord. Desde el inicio del presente sexenio, las empresas principalmente extranjeras supieron adaptarse al estilo de Andrés Manuel López Obrador y entendieron que la narrativa política no necesariamente se materializaba en acciones de gobierno. Así, mientras florecía un discurso dirigido a capturar reflectores, alejado de estos gravitaba la certeza de que había un gobierno dedicado a construir acuerdos.

De esta manera, durante la presente administración se alimentó una teoría: la prosa política está destinada a encender el debate público y hasta las redes sociales, pero no incide en la generación de negocios. Por ejemplo, en tiempos recientes, con Raquel Buenrostro en su calidad de titular de la Secretaría de Economía se habiitó el Comité de Regionalización Económica de América del Norte, con la participación de empresas trasnacionales para fortalecer la actividad productiva bajo cuatro industrias estratégicas: semiconductores, vehículos eléctricos, dispositivos médicos y agroindustria.

No es para menos. México es un mercado con más de 130 millones de consumidores. A grandes rasgos, lo primero que los inversionistas buscan es un mercado con capacidad económica, en el que puedan satisfacer necesidades no cubiertas o mal cubiertas y, al mismo tiempo, analizan los riesgos que podrían enfrentar y los mecanismos para mitigarlos o eliminarlos. México, a pesar de su volatilidad regulatoria y de todos los riesgos que presenta, ofrece muchas oportunidades para los jugadores con ventajas competitivas, por lo que el consenso es que podría crecer mucho, mucho más. Bajo esas condiciones y hasta ahora, las inversiones extranjeras han apostado por México.

La inseguridad ha disparado los costos de operación de las empresas y el clima de negocios se ha enrarecido por el ambiente político, pero la maximización de beneficios y de utilidades también se han multiplicado; por lo tanto, está claro: las decisiones estratégicas de las grandes empresas no se cocinan en un fin de semana y tampoco se suspendan de un día a otro. En cualquier mercado, los inversionistas buscan certeza en las reglas y, cuando éstas cambian, recurren a la adaptación a las nuevas reglas.

Sin embargo, después de un periodo en el que las inversiones han gozado de buenos vientos, ahora se registran los principios de un incendio con impactos hasta ahora impredecibles. En febrero de 2024, cuando el Presidente de la República anunció sus intenciones de impulsar su último paquete de reformas, se encendieron los focos amarillos y se pensaba que el peligro no tomaría forma; en aquel entonces, empezaba la carrera por la sucesión presidencial y se proyectaba una batalla que derivaría en un gobierno dividido. El mensaje que salió de las urnas el 2 de junio encendió las alertas.

Como sea, hay dos elementos que siguen vigentes al calor de la discusión sobre la reforma judicial: confianza y cautela. Si bien domina la preocupación por la propuesta de reforma constitucional que ya pasó el filtro de la Cámara de Diputados y que se encuentra en la arena del Senado de la República, también se conserva la sensación de que el futuro gobierno no permitirá que la casa se incendie. Frente a eso, no hay un plan que contemple, en el corto plazo, el retiro de inversiones de México. No existe. Pero, para el mediano y el largo plazos, las condiciones pueden cambiar.

El curso que tome la reforma judicial en el Senado de la República será clave. De acuerdo con inversionistas consultados para dimensionar el alcance de esta papa caliente, la narrativa en torno de la elección popular de jueces y magistrados está dirigida para ganar la simpatía del ‘pueblo bueno’, cuando lo verdaderamente importante está en los mecanismos propuestos en la reforma que podrían alterar la independencia de los impartidores de justicia. El diablo está en esos ‘detalles’.

La reforma contempla la creación de un ‘Tribunal de Disciplina Judicial Independiente’, integrado por cinco magistrados electos por voto popular en las urnas, encargado de sancionar las violaciones de todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Corte.

De acuerdo con los testimonios recabados, el peligro está en retrasar significativamente la profesionalización de la justicia especializada, afectando la capacidad del Poder Judicial Federal para aplicar criterios técnico legales, de tal forma que, por citar un caso, los jueces podrían limitar el otorgamiento de instrumentos alternativos para la impartición de justicia, como el amparo, y recurrir a la subjetividad y privilegiar ‘lo popular’ y no actuar a través de la interpretación estricta de la ley.

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En esos términos, la principal resistencia de la comunidad de negocios radica en la fragilidad en la que se encontraría la independencia de los impartidores de justicia, quienes, para no ser castigados por ese tribunal electo por voto popular, podrían sentirse inhibidos para otorgar los instrumentos legales que les permitan a las empresas defenderse ante una eventual arbitrariedad o acto de gobierno.

Por otro lado, se advierte que la aprobación de la reforma judicial impulsada desde la Presidencia de la República provocaría un efecto dominó en la actividad económica que daría paso a un alza en las tasas de interés y en la inflación, un impacto en el tipo de cambio, ajustes en la estructura de costos, inversión y producción de las empresas, y hasta la pérdida del grado de inversión; al tiempo que se violarían algunos de los principios del TMEC, particularmente el Anexo 23-A referente a la instalación de tribunales laborales e independientes para la resolución de controversias laborales y el Capítulo 31 relacionado con los medios alternativos de resolución de disputas.

Si el mapa de impactos está tan claro… ¿Existe la posibilidad de meter reversa en la reforma judicial? ¿Acaso está dispuesta Claudia Sheinbaum a recibir, antes de asumir la Presidencia de la República, varias cargas de dinamita?

Se sabe que la comunidad empresarial está desplegando un intenso lobbying para tratar de incidir en el curso de la reforma judicial. Sus posturas han sido recibidas por todos los políticos mexicanos de todos los partidos, mientras que el equipo de transición ha escuchado los llamados de alerta. Como pocas veces, el cabildeo ha implicado un trabajo de sensibilización con muchísimos grupos de interés, en el sentido de que el Poder Judicial sí requiere de una reforma pero no en los términos planteados.

Por lo pronto, la esperanza de ajustes se mantiene encendida. La desinversión no está en los planes inmediatos. Lo que sí goza de consenso es la suerte que puede tener el nearshoring: si la reforma judicial prospera, el fin de la promesa de la relocalización de las cadenas de suministro está cantado y México seguirá atrapado en una condición que lo coloca como base manufacturera de buena calidad pero de baja tecnología.

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El ‘Factor Trump’ y sus impactos en México es otra historia que empieza a tejerse.

El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca genera riesgos mayúsculos para las inversiones. Dado que no podría aspirar a su reelección a la Presidencia de EU, se estima que un solo periodo bajo su cargo podría significar la intensificación de su política proteccionista y una mayor complejidad en la relación con México. Frente a eso, una de las medidas para contrarrestar esta circunstancia consistiría en desplegar una campaña que destaque los beneficios y fortaleza de América del Norte como bloque, sin distingos, y alertando de los riesgos que generaría su fragmentación.

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Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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