El flujo de las inversiones durante la autollamada Cuarta Transformación ha registrado cifras récord. Desde el inicio del presente sexenio, las empresas principalmente extranjeras supieron adaptarse al estilo de Andrés Manuel López Obrador y entendieron que la narrativa política no necesariamente se materializaba en acciones de gobierno. Así, mientras florecía un discurso dirigido a capturar reflectores, alejado de estos gravitaba la certeza de que había un gobierno dedicado a construir acuerdos.
De esta manera, durante la presente administración se alimentó una teoría: la prosa política está destinada a encender el debate público y hasta las redes sociales, pero no incide en la generación de negocios. Por ejemplo, en tiempos recientes, con Raquel Buenrostro en su calidad de titular de la Secretaría de Economía se habiitó el Comité de Regionalización Económica de América del Norte, con la participación de empresas trasnacionales para fortalecer la actividad productiva bajo cuatro industrias estratégicas: semiconductores, vehículos eléctricos, dispositivos médicos y agroindustria.
No es para menos. México es un mercado con más de 130 millones de consumidores. A grandes rasgos, lo primero que los inversionistas buscan es un mercado con capacidad económica, en el que puedan satisfacer necesidades no cubiertas o mal cubiertas y, al mismo tiempo, analizan los riesgos que podrían enfrentar y los mecanismos para mitigarlos o eliminarlos. México, a pesar de su volatilidad regulatoria y de todos los riesgos que presenta, ofrece muchas oportunidades para los jugadores con ventajas competitivas, por lo que el consenso es que podría crecer mucho, mucho más. Bajo esas condiciones y hasta ahora, las inversiones extranjeras han apostado por México.
La inseguridad ha disparado los costos de operación de las empresas y el clima de negocios se ha enrarecido por el ambiente político, pero la maximización de beneficios y de utilidades también se han multiplicado; por lo tanto, está claro: las decisiones estratégicas de las grandes empresas no se cocinan en un fin de semana y tampoco se suspendan de un día a otro. En cualquier mercado, los inversionistas buscan certeza en las reglas y, cuando éstas cambian, recurren a la adaptación a las nuevas reglas.
Sin embargo, después de un periodo en el que las inversiones han gozado de buenos vientos, ahora se registran los principios de un incendio con impactos hasta ahora impredecibles. En febrero de 2024, cuando el Presidente de la República anunció sus intenciones de impulsar su último paquete de reformas, se encendieron los focos amarillos y se pensaba que el peligro no tomaría forma; en aquel entonces, empezaba la carrera por la sucesión presidencial y se proyectaba una batalla que derivaría en un gobierno dividido. El mensaje que salió de las urnas el 2 de junio encendió las alertas.
Como sea, hay dos elementos que siguen vigentes al calor de la discusión sobre la reforma judicial: confianza y cautela. Si bien domina la preocupación por la propuesta de reforma constitucional que ya pasó el filtro de la Cámara de Diputados y que se encuentra en la arena del Senado de la República, también se conserva la sensación de que el futuro gobierno no permitirá que la casa se incendie. Frente a eso, no hay un plan que contemple, en el corto plazo, el retiro de inversiones de México. No existe. Pero, para el mediano y el largo plazos, las condiciones pueden cambiar.
El curso que tome la reforma judicial en el Senado de la República será clave. De acuerdo con inversionistas consultados para dimensionar el alcance de esta papa caliente, la narrativa en torno de la elección popular de jueces y magistrados está dirigida para ganar la simpatía del ‘pueblo bueno’, cuando lo verdaderamente importante está en los mecanismos propuestos en la reforma que podrían alterar la independencia de los impartidores de justicia. El diablo está en esos ‘detalles’.
La reforma contempla la creación de un ‘Tribunal de Disciplina Judicial Independiente’, integrado por cinco magistrados electos por voto popular en las urnas, encargado de sancionar las violaciones de todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo a los ministros de la Corte.
De acuerdo con los testimonios recabados, el peligro está en retrasar significativamente la profesionalización de la justicia especializada, afectando la capacidad del Poder Judicial Federal para aplicar criterios técnico legales, de tal forma que, por citar un caso, los jueces podrían limitar el otorgamiento de instrumentos alternativos para la impartición de justicia, como el amparo, y recurrir a la subjetividad y privilegiar ‘lo popular’ y no actuar a través de la interpretación estricta de la ley.