#Entrelíneas | La extinción del INAI y los daños en la vida diaria

Este miércoles 27 de noviembre, el Senado de la República continuará con el procedimiento que arrancó la semana pasada el Congreso de la Unión, para declarar el fin de 7 instituciones autónomas. Con ello, se abrirá el camino para que los Congresos estatales aprueben la reforma constitucional y posteriormente sea declarada la extinción del INAI y otras instancias en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consummatum est.

Durante ya mucho tiempo se ha sostenido, con toda razón, que la decisión que está tomando la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y sus aliados, que deriva en el desmontaje de las estructuras de contrapeso al poder político, erosiona la democracia y sus impactos resultarán bastante negativos para todas y todos. Y, en el caso del INAI, los daños se manifestarán en la vida diaria de muchas personas.

Las acciones y beneficios que el INAI ha generado a lo largo de los años han estado en muchos momentos y circunstancias de muchas personas, pero, ahora, con lo que está por ocurrir gracias a la aplanadora del partido en el gobierno, no se tiene claro quién va a atender todas las demandas ciudadanas y cuál será el curso que tomarán.

Lo primero que se está perdiendo con la extinción del INAI es a la autoridad reguladora en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. La reforma no contempla, en ninguno de sus puntos, la existencia de una autoridad reguladora en materia de datos personales, lo cual coloca a la ciudadanía en una posición bastante vulnerable pues no se sabe qué autoridad la protegerá ante un uso indebido de sus datos.

En este momento, la ciberdelincuencia vive su mejor momento y una de sus principales herramientas para suplantar identidades, acosar, chantajear y cometer fraudes en contra de las personas, es a través de la obtención ilícita de la información personal y financiera de millones de personas. De esta manera, se prevé que el tráfico de información se intensifique y no haya nada ni nadie que lo impida.

El encendido debate que hoy se registra no está considerando las consecuencias que vendrán con la extinción del INAI. Los impactos que esto tendrá en la vida cotidiana no están en el radar de nadie, ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.

¿Quién va a proteger los datos personales? ¿Qué instancia supervisará la obligación de publicar los Avisos de Privacidad? ¿Quién defenderá a los usuarios de la telefonía, la banca, las telecomunicaciones, los servicios hospitalarios, ante el mal uso de su información? ¿Frente a quién reclamar? Hoy, la reforma no ofrece respuestas.

“Hoy, multamos a bancos, gimnasios, agencias de viajes y hasta funerarias que vulneran los datos personales. Tenemos muchos millones de multas que se han impuesto en el Pleno del INAI, pero que están en proceso porque todos se amparan”, acusa Julieta del Río, comisionada del INAI.

En el momento en el que el proceso legislativo concluya, y se publique la reforma constitucional en el DOF, se contará con 90 días naturales para emitir las leyes secundarias que pudieran despejar (o desatar) los demonios. Sin embargo, para los expertos en la materia no se tienen señales que permitan documentar el optimismo.

Por otro lado, el derecho a saber también está en riesgo. Si bien el derecho a la información no se toca, no hay garantías que permitan determinar que podrá ejercerse sin ningún reparo. Hasta ahora, el INAI ha contribuido para desvelar grandes casos de corrupción, pero sus alcances trascienden también a la vida cotidiana y han obligado a autoridades, federales y locales, pero también a otros sujetos obligados en posesión de datos personales, a transparentar su operación.

¿Los políticos tendrán presente las toneladas de información que los ciudadanos requieren para resolver sus problemas y necesidades? El INAI se ha encargado de transparentar el número de semanas cotizadas en el IMSS de derechohabientes, también ha facilitado la obtención de expedientes clínicos en instituciones públicas de salud para pacientes que desean continuar con sus tratamientos en hospitales privados, ha logrado aclarar pagos de hipotecas, resolver quejas por la negativa a pagar pensiones y/o casos de viudez…

No es todo. Los sindicatos y las universidades públicas también han estado sujetas al escrutinio del INAI. Por ejemplo, se tiene registro de sindicatos que no reportaban el destino de las cuotas sindicales y, después de las indagatorias del INAI, se descubría que el pago de prestaciones simplemente no ocurría. Ahora, con la nueva reforma, ¿quién obligará a los lideres sindicales a ser transparentes y a rendir cuentas?

Hay muchos más sujetos obligados a entregar información y que, con la reforma, no se sabe quién se hará cargo de que esto ocurra. Actualmente, se tiene el registro de 7,400 sujetos obligados; de esta cifra, solo 270 pertenecen al Poder Ejecutivo.

En esos términos, urge saber qué autoridad se hará cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta digital que concentra la mayor parte de la información pública de todo el país y en la que es posible consultar la declaración patrimonial, sueldo y prestaciones, de cualquier servidor público de los tres niveles de gobierno; así como convenios, contratos de adjudicación directa, facturas, viajes, procesos de obra pública, padrón de beneficiarios, diversos trámites y servicios. La reforma no define qué va a pasar con este acervo histórico y patrimonio de la nación.

Por lo tanto, la reforma, lejos de generar certezas, provoca mucha incertidumbre.

Julieta del Río, comisionada del INAI, advierte de las dudas que existen en torno de la permanencia del equipo técnico y especializado en derecho a la información (una plantilla de 850 trabajadores, aproximadamente), el uso que tendrá el edificio sede y que desde 2012 cuenta con un esquema de compra, pero sobre todo la suerte de los expedientes aún abiertos. “Tenemos trámites, juicios en proceso, medidas de apremio, laborales, multas, así como reportes por vulneraciones de bancos, aseguradoras, entre otros”.

Por lo pronto, parecería que la única solución (ingenua) es apelar al compromiso y buena voluntad de los sujetos obligados a dar la información. En un futuro no muy lejano, los ciudadanos no tendrán una institución que garantice su cumplimiento. Todo apunta a que se habilitará un sistema fragmentado con 32 leyes de transparencia y 32 sistemas de información pública, inconexos y descoordinados.

Frente a eso, se espera una lluvia de amparos indirectos en materia administrativa para obligar a los entes de gobierno y privados, por sentencias judiciales, a entregar información. En casos extremos, acudir a instancias internacionales para acceder a información. Es decir, lo que ha sido posible obtener en 20 días hábiles, se convertirá en una larga travesía para hacer valer un derecho consagrado en la Constitución.

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Los actuales comisionados no descartan un escenario en el que mantengan la defensa del INAI. Hoy, lunes 25 de noviembre, sostendrán una reunión al mediodía para explorar caminos que jurídicamente sean viables tomar.

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Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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