#Entrelíneas | El inminente golpe a la competencia económica

Si se sigue el camino que han tomado las primeras iniciativas impulsadas en lo que se ha denominado como el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación, entonces es un hecho: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dejará de operar tal y como la conocemos, y su operación será trasladada a la Secretaría de Economía (SE), lo que podría derivar en el uso de las políticas de competencia económica como herramienta política, pero también podría significar buenas noticias para monopolios públicos y privados.

Para dimensionar frente a lo que podría venirse, habría que entender la importancia de la competencia económica y sus orígenes.

La historia de la política de competencia económica surgió en Estados Unidos, hace más de 100 años. Era el periodo de industrialización del mercado americano, protagonizado por los grandes barones del acero; al paso de los años, se sumaron los dueños de los ferrocarriles y quienes tenían acceso al petróleo y a los ductos de gas, lo que los llevó a acumular más y más poder económico.

Había entonces que corregir las fallas que empezaba a registrar el mercado. En ese marco, la discusión se enfocó en crear políticas que permitieran controlar y, de algún modo, pulverizar el poder que detentaban algunos agentes económicos. Sí, había un entorno promotor de la industrialización, pero también grandes empresarios que preferían ganarse, a la mala, la preferencia de los consumidores, mediante la captura de los jugadores más pequeños o pactando entre gigantes para fijar precios.

El tiempo ha volado, pero, hasta la fecha, las políticas antimonopolios de todos los mercados buscan básicamente procurar tres elementos: promover que las empresas crezcan de forma orgánica, que no se pongan de acuerdo para elevar los precios ni se dividan el mercado, y que ninguna, cuando adquiera cierto tamaño, abuse de su poder para desplazar a sus competidores.

En esencia, las leyes de competencia están hechas para controlar al poder económico pues, cuando se vuelve muy poderoso, tiene un impacto nocivo en la vida pública. En los mercados en los que florece la competencia se tienen las condiciones para que los consumidores tengan la libertad de escoger entre varias opciones y, además, se dispone de empresas que, ante la competencia misma, trabajan para ofrecer mejores productos y servicios cada día. Por tanto, con la competencia ganamos todos.

Sin embargo, hoy soplan vientos que podrían alterar esta máxima en México. La reciente presentación del paquete presupuestal 2025 detuvo la discusión, propuesta de tiempo atrás por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno de la extinción de los órganos autónomos y reguladores, pero se espera que en el curso de esta semana el debate se encienda, y se apruebe, la desaparición de algunos de estos organismos y/o su traslado hacia las Secretarías de Estado vinculadas con sus tareas. La suerte de la Cofece será parte de la disputa.

“Potencialmente se puede destruir una política que hemos estado construyendo como país en los últimos treinta años”, afirma sin vacilaciones Alejandra Palacios, ex comisionada presidenta de la Cofece y cuya advertencia también tiene su contexto.

La política de competencia económica llegó a México a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se convirtió en el primer tratado de ese calibre en el mundo que integraba un capítulo de competencia. En ese momento, las empresas estadounidenses exigían ‘cancha pareja’ en la región y fue así que nació la Cofece. En términos generales, ser parte del TLCAN requería contar con una autoridad con la suficiente independencia para tomar decisiones.

Si bien las entidades antimonopolios son incómodas para los grupos económicos dominantes, también han sido una piedra en el zapato para los gobiernos. Como sea, la Cofece con el tiempo fue fortaleciendo su capacidad de sanción e investigación, pero sobre todo se ganó la independencia técnica, presupuestal y de gestión que hoy tiene y que la convierte, hasta ahora, como uno de los (pocos) órganos reguladores más respetados y reputados del país. Pero, esto, podría ya no ser así.

En los próximos días se tendrá claro el rumbo que tomará la Cofece, después de la inminente discusión en el Congreso. De arranque, ya se da casi por descontado su traslado a la SE, pero su futuro, en realidad, dependerá de los términos en los que esté planteada la ley secundaria que, se dice, se incluirá después de la aprobación de la iniciativa impulsada en la Cámara de Diputados.

El quid del asunto estará en tener claro el diseño institucional que tendrá la Cofece. Si el poder político influye en sus procesos y sanciones estamos perdidos; también, si sus multas pierden filo y si sus declaratorias de fusiones están sujetas al interés político. Sin tantos rodeos, si no se preserva la independencia de la Cofece y su experiencia técnica, estaremos frente a una decisión equivocada, que el día de mañana nos cobrará la factura. Por otro lado, en veremos está que las enmiendas constitucionales no violen los compromisos plasmados en el T-MEC.

“Si hay una ley secundaria que diga que la nueva unidad de competencia, aún al interior de la SE, tendrá autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, vamos por buen camino”, proyecta Alejandra Palacios. “¿Qué es lo que tenemos actualmente? El partido en el gobierno no discute nada con nadie y ha querido destrozar lo que existe. Entonces, el panorama no se ve bien”.

Los milagros en la política no existen. Por lo tanto, todo apunta a que la Cofece entrará en una nueva etapa. Con ello, también los grupos económicos dominantes y las empresas públicas del Estado podrían resultar beneficiados por estos ajustes.

“Quizá, gana algún empresario muy cercano al gobierno que quiera hacer algo pero no lo hace porque existe la Cofece”, sostiene Alejandra Palacios. “Pero también empresas públicas que necesiten desplegar conductas anticompetitivas para hacerse de mercado y requieran de una entidad que no las investigue ni las sancione”.

“México, por el T-MEC, no puede dejar de tener una legislación de competencia, pero no se le exige tener un órgano específico”, complementa Xavier Ginebra, socio del área de Competencia, Protección de Datos y Consumidores del despacho Jalife & Caballero. “El problema es que ahora le quitarán los dientes, será una división general de la SE con menos gente y perderá el trabajo logrado en los últimos años”.

Conclusión: frente a mercados cada día más competidos, necesitamos fortalecer a la Cofece y no todo lo contrario; si se impone la política, en esta historia pocos serán los ganadores, cuando en realidad perderemos todos.

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La preparación del staff mexicano rumbo al proceso de revisión del TMEC es otra historia. Trascendió, desde la SE, que hay preocupación por la falta de experiencia del equipo que podría librar el pleito, principalmente con el futuro staff de Donald Trump. El equipo que en su momento negoció el TLCAN ya no está, al tiempo que no se cuenta con el suficiente personal para empezar a trabajar el plan de ataque.

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Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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