Los avances tecnológicos han sido notables: en los últimos años, la banca digital creció con posibilidades de acceder a un producto financiero de una manera tan sencilla como si se tratase de poner una película o una serie en cualquier plataforma y se expandieron las alternativas con las fintech ganando terreno. Pero detrás de estos avances persisten retos de raíz. La falta de conectividad en zonas rurales, la baja alfabetización digital y la desconfianza hacia las instituciones siguen siendo barreras que ni el mejor de los optimismos por seguir impulsando la tecnologización puede resolver por sí solo.
La mirada está pues ya en las pymes como un sector que requiere soluciones con urgencia. No es para menos: son responsables de una buena parte del empleo en el país y representan un motor esencial para la economía. Sin embargo, centrarse únicamente en ellas sin considerar a quienes sostienen su existencia (las personas de a pie que consumen sus productos pagan en efectivo o viven al día) es ver solo una cara de la moneda. Si lo que se busca es darle un enfoque social, la inclusión financiera no puede pensarse solo en términos empresariales. Si el consumidor final no está bancarizado, que si no tiene herramientas para pagar, ahorrar o protegerse frente a emergencias, todo el ecosistema queda incompleto.
La verdadera inclusión requiere cerrar el círculo: apoyar a las pymes, sí, pero también empoderar financieramente a quienes las mantienen vivas. Si no se les incluye activamente con soluciones digitales simples, confiables y adaptadas a su realidad, la promesa de una economía más inclusiva pierde fuerza.
Frente a esto, me parece, la inclusión financiera no debería medirse solo por el número de cuentas abiertas. Deberían poder tomarse con la misma relevancia elementos como el uso efectivo de servicios que mejoren la vida de las personas. En ese sentido, la digitalización no puede ser un atajo que omita la construcción de confianza.
Los retos se ven más abrumadores al considerar que la mayoría de la población en el país, basado en datos del Banco de México , alrededor del 90%, sigue utilizando el efectivo como principal método para sus diferentes transacciones. Y, de hecho, considera que no tener pagos en efectivo podría afectar significativamente a personas en comunidades rurales, a quienes no tienen acceso a internet y a los adultos mayores.
Pero, además de este problema básico a resolver, las prioridades deberían estar también en hacer igual de sencillo como solicitar un crédito, la atención y seguimiento que usuarios puedan dar a otras áreas como el ahorro para el retiro, el ahorro formal y el acceso a alternativas de inversión que convivan con sus necesidades y posibilidades. Esto es: ahorro formal, seguros básicos, educación financiera.
