México atraviesa una transformación profunda en la arquitectura institucional en el sector de telecomunicaciones, lo que representa una oportunidad para fortalecer su marco regulatorio, impulsar la competencia y promover un entorno más favorable para la inversión y la innovación. Estos cambios no solo impactan a la industria nacional, sino que también tienen relevancia estratégica en el contexto del T-MEC.
Reforma en telecomunicaciones. Lo que los consumidores no pueden perder
El reto que enfrenta el gobierno no es menor: el nuevo marco regulatorio deberá contar con una institución independiente, con facultades para propiciar la competitividad entre los agentes de mercado.
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La iniciativa de nueva Ley en la materia de competencia económica fue enviada por la presidenta el 25 de abril al Senado, mientras que la de telecomunicaciones, luego de pausarse su aprobación, arrancará un proceso de análisis en los foros convocados por la Cámara Alta del 8 al 22 de mayo, previendo que la votación de ambas podría llevarse a cabo en un periodo extraordinario en junio o julio, con posterioridad a la elección judicial.
El reto que enfrenta la administración no es menor: el nuevo marco regulatorio deberá contar con una institución independiente, con facultades para propiciar la competitividad entre los agentes de mercado y con toda la fuerza para regular las telecomunicaciones, que sólo vio avances parciales con la reforma constitucional de 2013. Dicho régimen habilitó una serie de medidas asimétricas para el llamado Agente Económico Preponderante (AEP), orientadas a equilibrar un mercado históricamente falto de competencia.
A pesar de estos esfuerzos, a más de una década de la reforma, la competencia sigue siendo insuficiente: América Móvil, a través de Telcel, mantiene una participación de ingresos en el mercado móvil cercano al 70%. Si bien se ha reducido en casi 30% desde 2013, el índice IHH se ubica alrededor de las 3,700 unidades, muy por arriba de las 2,500 que delimita lo que se considera un mercado altamente concentrado.
En este contexto, en su más reciente revisión del régimen de preponderancia, el IFT aprobó medidas adicionales en favor de los consumidores. Por ejemplo, los usuarios que adquieran un teléfono móvil financiado junto con un plan pospago ahora deberán recibir el equipo completamente desbloqueado, desde el primer día. Esta medida pone fin a la práctica de atar al cliente a una sola red hasta que se liquida el equipo.
A esto se suman otras disposiciones: la prohibición de plazos forzosos en los contratos, la eliminación de bonificaciones condicionadas a la permanencia, y la imposibilidad de que una empresa intente recuperar a un usuario que decidió cambiarse de proveedor durante los 60 días posteriores a su portabilidad. Cada una de estas reglas fue diseñada para eliminar barreras, incentivar la competencia y fortalecer el poder de decisión del consumidor.
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Si bien la nueva ley incorpora estos derechos relevantes para los consumidores, divide las responsabilidades que hasta ahora recaían en el IFT. Por un lado, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones detentará amplias facultades para regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios, así como regular la calidad del servicio. Sin embargo, la propuesta transfiere a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la responsabilidad de proteger y representar a los usuarios frente a los concesionarios, monitoreando quejas, verificando el cumplimiento de obligaciones y publicando los modelos de contratos, además de inscribir en el Registro Público de Concesiones las sanciones impuestas.
El éxito de esta reforma dependerá de que ambas instituciones cuenten con el fortalecimiento y la autonomía necesarios para garantizar que los derechos de los consumidores realmente se hagan valer y no queden solo en el papel, combatiendo la enorme asimetría de poder entre usuarios y proveedores de servicio. Una reforma que no coloque verdaderamente al usuario en el centro de la política pública representaría una oportunidad desperdiciada en materia de competencia y derechos.
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Nota del editor: Gilberto García es Director de Miranda Intelligence, la división de análisis de Miranda Partners. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis estratégico y financiero. Antes de integrarse a Miranda Partners en noviembre de 2023, fue Analista Senior de Renta Variable en Barclays, donde estuvo a cargo de la cobertura del sector financiero en América Latina. Es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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