No son meses, sino ya años, que en este espacio anticipamos que tarde o temprano las remesas serían gravadas fiscalmente. Sí, se trata del principal ingreso de nuestro país, y quienes lo reciben están completamente exentos, sin importar de quien se trate. No existe razón o motivo que, en justicia, legitime que quienes allá laboran no acrediten el pago de contribuciones, y que los de aquí no lo declaren. El costo político para el legislador estadunidense es cero y las ganancias para la administración serán multimillonarias. El impacto en México se sentirá gradualmente. Drásticamente, irá teniendo impacto en el consumo, sí, en el bienestar, ese, que nada tiene que ver con quien gobierna.
Hoy, podemos anticipar la respuesta que recibirán los bisoños legisladores que más allá de la frontera no tienen más que un chisguete de voz. Pronto entenderán que sus usuales balandronadas, fuera de su legislativo changarro, carecen de relevancia. Lo primero que recibirán es un reclamo por todos esos temas y asuntos en lo que se envolvieron en la soberanía nacional para evitar que el vecino obtuviera satisfacción por un sinnúmero de atropellos que, hasta hoy, viven cobijados por un gobierno displicente frente al crimen organizado.
En un país donde los sofismas y falacias tienen carta de naturalización, y la mentira es plataforma electoral y base para administrar los recursos públicos, se dice que se trata de una injusticia, dado que se impone la carga a quien ya pagó impuestos. Menuda sorpresa se llevarán algunos, cuando una parte sustantiva de los remitentes, lejos de acreditar el pago de impuestos, no puedan siquiera explicar su condición migratoria, siendo éste uno de los claros objetivos de la determinación. Acá, es preciso transparentar la recepción, y aquellos que conforme a la ley estén exentos no reportarán agravio alguno. Es tan fácil decir que se pagan contribuciones, como difícil de acreditar, cuando se forma parte de la economía informal, o peor aún, de la criminal.
Les aplicarán la receta que han venido surtiendo, y no tendrán más que guardar silencio ante lo que hoy es un impuesto de control, siendo la ruta necesaria para establecer lo que en algún momento será el verdadero tributo. Esto es, quienes piensen que ese 5% es el gravamen se equivoca, se trata de la primera etapa en el proceso recaudatorio. Esta medida permitirá identificar y comenzar a generar un padrón de quienes remiten sumas al extranjero, a partir de una fuente de riqueza inequívocamente localizada más allá del Bravo.
Una vez registrada la población objetivo, se podrá establecer una tasa efectivamente contributiva, misma que, hace años, dijimos, rondaría entre el 10 y el 20%, siendo más que defendible una exacción de dicho nivel, máxime, cuando el impuesto sobre la renta que aplica el país destino alcanza un 35% en los deciles más altos. Es tal porcentaje el que aquí, sin respeto al derecho a deducir, se aplica draconianamente al inversionista de aquella nación. La progresividad y equidad será observada, ya que allá, aún existe un poder judicial, real y efectivo, que mantendrá a la autoridad fiscal en los linderos de la justicia fiscal. Repito, con un 5 o 10%, no hace sino comenzar a dimensionar la actividad gravada.
Cada alegato hecho por los integrantes del partido de estado tendrá, en el mejor caso, un regreso para los todos aquellos temas en los que la soberanía se empleó para evitar que los reclamos del vecino tuvieran una respuesta resarcitoria. El decir que afectará a población vulnerable empieza por señalar a un gobierno incapaz de garantizar condiciones en los que se generen empleos bien remunerados, y en el que el salario mínimo crece por decreto, y no como resultado de las utilidades y ganancias obtenidas, esto es, del correlativo aumento en la productividad. El crecimiento del salario mínimo es un costo impuesto políticamente sin asidero técnico, financiero ni económico, que tarde o temprano acabará por depredar las fuentes de empleo.
Por el contrario, los legisladores en Washington podrán evidenciar que la economía americana ha paliado las deficiencias del aparato productivo mexicano, y que, más allá del 5% inicial, deberían mirar al 95% de ingreso que, sin las oportunidades que allá se ofrecen, mantendría a millones de mexicanos en el desempleo. El programa social de mayor tamaño que se recibe en México es fondeado por el gobierno de las barras y estrellas. La política social de la 4T se basa en una exención graciosamente concedida, hasta hoy, por aquella potencia. Sin ese torrente de recursos, la economía nacional habría entrado en crisis hace rato.
Sin embargo, el asunto es más profundo y delicado, en ese flujo esconde, innegablemente, un origen opaco y no esclarecido que apunta hacia el pago de la nómina de los cárteles, sino es que al pago de contraprestaciones por el tráfico de sustancias. Así es, las remesas constituyen instrumento que hace posible la más grande operación de blanqueo de capitales registrado en la historia, y representa el sistema circulatorio de un enorme trabuco criminal.
El impuesto de control que se encuentra en ciernes es además una medida necesaria para comenzar a limpiar el sistema financiero, dado que si bien, las remesas durante años han evitado que dinero sin origen lícito ensucie el sistema bancario americano, es claro que aquel, sin control alguno, ha permeado al sistema financiero mexicano con gran eficiencia, a partir de esos intermediarios no regulados que tanto promovieran Calderón y Meade.
Es inevitable que la CNBV, en algún momento, tenga que dar cuenta de la tolerancia y connivencia que muestra ante la brutal capilaridad de establecimientos cambiarios de todo tipo, la cual, durante años ha hecho posible la llegada al sistema bancario de decenas de miles de millones de dólares, sin controles que efectivamente permitan asegurar que los remitentes no lavan utilidades procedentes de las más aberrantes actividades. Controlan y fustigan los hacendarios a los usuarios cautivos de la banca, haciendo cada vez más difícil operar financieramente a quien no la debe, mientras abrazan financieramente a quienes operan en el tolerado submundo del lavado de dinero.
La medida puede ser calificada de tardía, al tiempo de suave, pero la misión parlamentaria no hará más que hacer ostensible la lamentable defensa politiquera de quienes representan los pesados intereses financieros del crimen organizado. Disfrazarán su bravata, diciendo que son familias de bajos recursos quienes reportarán el impacto, pero carecerán de evidencia sólida, y, sobre todo, creíble, de controles, registros, mediciones y supervisión, que muestre como transparente y verificable el origen de los recursos.
