España y Portugal, para efectos de producción eléctrica, son una isla. La conexión con los generadores del resto del continente es pobre, está mal mantenida y muestra severas insuficiencias tecnológicas. Es bien sabido que los gobiernos hispano y mexicano sólo tienen, como recurso natural inagotable, abundante saliva, no así talento administrativo, ni mucho menos, un programa, serio y completo, de optimización y adecuado mantenimiento de la infraestructura pública. Seguro se podría criticar a las empresas generadoras de aquellos países, pero lo cierto, es que la falla de que se trata encuentra su origen en la vulnerabilidad en la red de transmisión y distribución. Ella no es, ni debe ser responsabilidad de las entidades privadas. Sí, el problema real, es una criminal desinversión y desinterés por áreas que el constituyente mexicano calificó como estratégicas.
No fue uno, sino ya dos, los sexenios en que México perdió el rumbo en la materia. Los directivos de la empresa estatal, aquí encargada constitucionalmente de la red en cuestión, dilapidaron múltiples recursos financieros, así como oportunidades para dotar al país de un robusto sistema eléctrico nacional, indispensable éste, para hacer crecer y mantener, en correcta operación, el aparato productivo. Los más lamentables e ineptos políticos ocuparon la posición de Director General de la CFE, cayendo en el punto más abyecto con Manuel Bartlett, sujeto indefendible e impresentable que la actual administración pretende ocultar bajo el tapete, cuando, en justicia, debió haberlo llamado ya a cuentas, por haber lesionado de manera grave y profunda a la economía nacional.
Pero más allá de la palabrería que aquí llaman transformación, es importante que los diferentes agentes de autoridad, que algún rol juegan en la regulación, seguimiento, supervisión y fiscalización de lo que ocurre en el sector eléctrico, dejen las demagógicas disputas, así como las estériles imposiciones autoritarias, para hacerse cargo del esperpento al que llaman empresa productiva del Estado, ese, que no sólo es sino un barril sin fondo, un amasijo de corruptelas y de necias excusas.
En la negra noche que fue la pasada administración se tergiversó el modelo constitucional aprobado en el año 2013, al amparo del cual, múltiples inversiones se hicieron para sacarnos del bache energético en que nos encontrábamos. Se ejecutaron vergonzosas piruetas legales y reglamentarias, para eludir el mandato constitucional, ese, que produjo la llegada a México de multimillonarias inversiones. La barbarie normativa, con el gobierno en turno, llegó a la Carta Fundamental. En ella se plasmaron bravatas ideológicas y otras necedades, tendientes a regresar al modelo más obsoleto, vetusto e ineficiente posible. Éste, claramente se adoptó para permitir a los funcionarios públicos seguir mercando y traficando con contratos y concursos, en los que ellos ganan, y los demás perdemos.
Las reformas del pasado sexenio, y las de éste, en buena medida, tienen como objetivo cobrar a las empresas generadoras algo similar al derecho de piso, conminándolas a transferir ganancias al agente monopólico. Ese costo de acceso al mercado, en cualquier estado de derecho, sería judicialmente proscrito, por atentar contra derechos económicos fundamentales del gobernado. Se adoptó oficialmente un mantra. Todo se vale, para proteger a un ente estatal, aunque la generación de electricidad, evidentemente, no es una función de estado.
Como ya se decía en el año 2013, el estado es responsable de la infraestructura, no de producir y vender una mercancía, como lo es la electricidad. Su deber es garantizar que quienes concurran a ese mercado lo hagan de manera correcta y eficiente, mirando por un suficiente abasto. Éste gobierno considera suficiente el decir que el engendro es de todos, para dilapidar ahí los pocos recursos públicos con los que cuenta el erario. Al darle la connotación de empresa estatal, dicen, los burócratas que ahí laboren pueden simular el conocimiento de la materia; el armar negocios a modo con sus allegados, así como poner en riesgo el suministro a la población. Ahora, servidores públicos que todo mundo señala por abusivos, hasta armas recibirán. Así podrán alterar medidores; regatear el acceso a la red, y cobrar lo que se les dé la gana, a punta de pistola.
Mientras los políticos se echan las culpas, se está derrumbando el sistema eléctrico nacional, y no hay, ni habrá en el corto, ni mediano plazo, la capacidad financiera, técnica, ni mucho menos, la solvencia ética, para que la empresa estatal evite el regresarnos a oscuras cavernas. Nos han puesto en una ruta perdedora, en la que, simultáneamente, habrá que realizar cuantiosas inversiones en reposición de equipo, líneas e instalaciones, al tiempo de que se tienen que ejecutar labores de mantenimiento que se han omitido, al menos, hace seis años. Los recursos necesarios no están al alcance del sector público, al que, si bien le va, podrá apenas refinanciar lo que irresponsablemente obtuvo en los mercados, sin cumplir con lo ordenado en la Constitución, sí, se trata de sumas obtenidas sin una clara fuente de pago, las cuales criminalmente derrochó la CFE en inusitados proyectos y temerarias aventuras, mismas que, el recientemente huido exdirector general, jamás explicará.
Baste de muestra la compra de centrales chatarra por 6,500 millones de dólares que hizo la paraestatal, muy lejos de aquella que les rasgó las vestiduras, por 500 millones de dólares, que se imputa a Lozoya. El inaceptable quebranto se efectuó para hacer ridículos anuncios, sí, para simular el haber alcanzado la meta fijada como como cuota del sector público. No bastó el robarse la electricidad, dejándola de pagar, o bien, comprándola a precios ridículos, impuestos burocráticamente. El anuncio tuvo como objetivo justificar las exóticas partidas presupuestales que se destinan al garlito oficialista. La operación aludida no pasa, de principio a fin, una auditoría de legalidad o de viabilidad financiera, siendo sólo muestra de la infinita impunidad que se dispensa a la oficialista agencia dominante.
Como dice la residenta de palacio, para que se oiga fuerte y claro, al fallar la red de transmisión y distribución, en la que los particulares nada tienen, ni han tenido que ver, no habrá hackeo, ataque cibernético, ni mucho menos sabotaje, será sólo, y únicamente, resultado de la ineptitud, de la imperante corrupción, así como del disimulo de las áreas de fiscalización y combate a la impunidad. La infraestructura que está, y siempre ha estado, confiada al estado mexicano, ha carecido de las inversiones y trabajos precisados, hoy, ya de manera urgente. Todo porque al señor Bartlett no le salieron negocios en ese segmento, atrabiliariamente, se dedicó a jugar vencidas con quienes constituyen la única salida viable para que el país tenga el nivel de generación que demanda.
Hay conceptos que hoy parecen excesivamente técnicos y reservados a especialistas, pero, en poco tiempo, serán puestos sobre la mesa de café de los mexicanos. Uno de ellos, es el balance de potencia. Alejándonos de truculentas teorías conspirativas, es evidente que lo que pasó en la península ibérica (que quisiéramos no pasara aquí en las nuestras) es que las condiciones de la red no soportaron las cada vez más severas variaciones en el flujo. Su red es obsoleta, no tuvo el mantenimiento oportuno. No se hicieron las inversiones. Como aquí, pararon los recursos públicos en los bolsillos de algunos burócratas y sus compinches. Siempre hay algún programa social más lucidor, por lo que las obras de mantenimiento siempre quedan pendientes. Las torres se caen de viejas y los cables ya muestran el natural desgaste.
