Las condiciones en el entorno global y nacional han cambiado más rápido que la política económica que debe acompañarlas.
En un entorno de creciente fragmentación global, donde las tensiones comerciales se han vuelto más frecuentes y los mecanismos de cooperación multilateral están bajo presión, México enfrenta un dilema que ya no puede postergarse: ¿Cómo responder de manera estratégica a un contexto que se ha transformado más rápido que sus propios instrumentos de política económica?
Las presiones arancelarias no solo reactivaron la atención sobre la vulnerabilidad externa de la economía mexicana, sino que también generaron una respuesta con implicaciones más profundas.
Dos efectos, en particular, merecen ser destacados: un diálogo más técnico y estructurado con el sector privado, y el impulso de una agenda industrial que, aunque aún enfrenta retos, ya está siendo formalizada bajo el marco del Plan México.
El primer cambio ha sido la disposición del gobierno a establecer espacios de coordinación más operativos con actores clave del sector empresarial. La integración de mesas de trabajo más estructuradas sobre temas como la facilitación de permisos, infraestructura y necesidades de inversión en sectores estratégicos, han marcado un cambio en la cooperación entre ambos actores.
El segundo efecto ha sido el impulso de una narrativa industrial más estructurada. A través del Plan México, el gobierno ha comenzado a agrupar distintas iniciativas que orientadas a reubicar a México dentro de cadenas globales y regionales de valor.
Si bien este marco aún está en proceso de consolidación y enfrenta desafíos de ejecución, representa un cambio con respecto al modelo de neutralidad productiva que había predominado en los últimos años.
Este giro ocurre en un contexto de contrastes. Por un lado, México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos: inflación en descenso, estabilidad cambiaria, finanzas públicas ordenadas. Por otro, persisten niveles bajos de inversión privada, rezagos en ejecución de proyectos, y señales de incertidumbre institucional que continúan postergando decisiones clave en sectores estratégicos.
En el corto plazo, el escenario seguirá siendo complicado. La economía mexicana parece encaminada a una contracción en 2025: crecimiento bajo, consumo estabilizado, inversión contenida. La incertidumbre en la política interna, los posibles cambios en la relación bilateral con Estados Unidos, y la complejidad operativa de muchos proyectos, sugieren que 2025 – y probablemente parte de 2026- serán años de transición más que de despegue.
En este contexto, la coyuntura arancelaria ha tenido un valor inesperado: el de ordenar prioridades
Las distorsiones generadas por la agenda comercial del gobierno de Estados Unidos ha forzado a mirar con más seriedad el tipo de política económica que México necesita para responder no solo a las presiones externas, sino también a los desafíos internos que limitan su crecimiento potencial, como el desarrollo de infraestructura logística, energética y de agua, por citar algunas asignaturas clave aún pendientes.
Lo importante ahora será lo que ocurra después. Si este impulso se convierte en una estructura funcional, con reglas claras, mecanismos de evaluación y continuidad técnica, el país habrá dado un paso relevante hacia una política económica más alineada con sus retos actuales.
Convertir la incertidumbre en dirección no será sencillo; pero si se logra, esta coyuntura podría marcar el inicio de una etapa de crecimiento más ordenado y sostenible para México.
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Nota del editor: Pamela Díaz Loubet es Economista en jefe en BNP Paribas México. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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