Según la Real Academia Española , “incluir” es poner algo o alguien dentro de un conjunto. Una definición simple, que en materia de derechos humanos se queda muy corta, puesto que la inclusión no es solo tolerar ni sumar por sumar.
Inclusión se refiere a crear las condiciones para que cualquier persona —sin importar su sexo, género, edad, raza, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual o historia personal— se sienta respetada, valorada y tenga acceso a oportunidades para desarrollar su talento, crecer profesionalmente y aportar al máximo.
Con esta definición en mente, ¿quién no quisiera sentirse incluida y saber qué puede llegar alto?
El concepto amplio de inclusión suena bien, pero sus implicaciones son complejas. Cada persona tiene experiencias distintas según sus características sociodemográficas y las circunstancias que le ha tocado vivir. En el sistema social actual, para millones de personas no basta con esforzarse para cambiar su vida y que les vaya bien, necesitan oportunidades.
No es lo mismo ser una mujer blanca, con maestría en una universidad reconocida y una red de apoyo lista para impulsarla —aunque tenga dudas o inseguridades—, que ser una mujer indígena que terminó la educación básica y hoy emprende sin acceso a financiamiento ni conexiones clave para hacer crecer su negocio. Ambas pueden tener talento y esforzarse mucho, pero sus circunstancias son distintas y, con ellas, también sus posibilidades de éxito.
Estos son solo ejemplos de diferencias que vive nuestra sociedad a diario. De acuerdo con una encuesta de IPSOS , en México seis de cada 10 personas entrevistadas consideran que la desigualdad es uno de los principales problemas del país y las poblaciones que se perciben con mayores obstáculos son las personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+, las mujeres y las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque sus trayectorias, incluso en el mundo laboral, están llenas de barreras visibles e invisibles que complican su acceso a oportunidades.