El sector financiero mexicano vive días de tensión por una reforma que, en apariencia, es técnica y relativamente menor: la propuesta del Banco de México (Banxico) y la CNBV para poner topes a las cuotas de intercambio que los bancos cobran cada vez que alguien paga con tarjeta. Detrás del lenguaje regulatorio se libra una batalla de fondo: quién y cuánto debe pagar por el avance hacia una economía menos dependiente del efectivo.
Los topes a comisiones: competencia, costos y consecuencias imprevistas
Desde hace años denuncian que las redes de pago están controladas por pocos bancos y marcas de tarjetas, lo que mantiene los costos altos y desincentiva el uso de terminales en pequeños negocios.
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La iniciativa busca limitar las cuotas a 0.3% en débito y 0.6% en crédito, frente a los niveles actuales que, en promedio, se ubican en 0.45% y 1.35%, respectivamente. Para los comercios, en especial los de alto volumen y bajo margen, como supermercados y tiendas de conveniencia, el beneficio es inmediato. JPMorgan estima que el cambio podría ahorrarles unos 1,600 millones de dólares al año. Para algunos, esto implicaría elevar su rentabilidad en alrededor de 10%, una cifra por demás relevante.
No sorprende que las asociaciones de comerciantes y consumidores aplaudan la medida. Desde hace años denuncian que las redes de pago están controladas por pocos bancos y marcas de tarjetas, lo que mantiene los costos altos y desincentiva el uso de terminales en pequeños negocios. La Cofece ha argumentado al menos desde 2018 que el sistema de pagos mexicano enfrenta “barreras a la competencia”.
Las instituciones financieras, grandes bancos como BBVA y Banamex, y nuevos jugadores como Nu, responden que el cambio puede tener un efecto contrario: reducir la inclusión financiera. Argumentan que las cuotas de intercambio financian los costos de emitir tarjetas, mantener seguridad antifraude y atender a clientes. Si desaparece esa fuente de ingresos, podrían verse obligadas a concentrarse en clientes de mayores ingresos, dejando fuera a quienes más necesitan acceso al sistema.
Para las fintech el riesgo es todavía mayor. Muchas dependen en gran medida de esas comisiones y podrían ver graves deterioros en sus resultados, en un momento en el que muchas de ellas todavía no alcanzan la rentabilidad operativa. Para ellas, la reforma no es sobre competencia, sino sobre sobrevivir.
Los defensores del cambio contraatacan: ¿por qué los comercios, y ultimadamente los consumidores, deben subsidiar los programas de lealtad de los bancos? En México, aceptar tarjetas sigue siendo caro para los pequeños negocios. Si los costos fueran más bajos, más comercios podrían aceptar pagos digitales y menos gente usaría efectivo.
Ambos lados tienen al menos algo de razón, pero sólo ven una parte del problema.
La cuota de intercambio es apenas un eslabón de la cadena. La tarifa total que paga el comercio, conocida como Merchant Discount Rate (MDR), incluye también lo que cobran el banco adquirente (el que cada comercio contrata para manejar los pagos con tarjeta), la red (Visa o Mastercard) y, en su caso, el agregador (como Clip o Mercado Pago). Si baja la comisión de intercambio, será importante que la autoridad se asegure que el MDR baje en un monto igual para que el ahorro efectivamente llegue a los comercios.
La reforma también tiene aspectos positivos. Busca obligar la interoperabilidad entre cámaras de compensación —para que las transacciones fluyan entre redes— y dar a Banxico un papel más fuerte como registrador de tarifas, con CNBV como ente supervisor. En teoría, eso daría más transparencia y competencia. Sin embargo, dado el contexto mexicano de un mayor uso del efectivo, una regulación de precios tan agresiva puede alterar los incentivos de formas imprevistas.
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Finalmente, es importante señalar que, si de reducir el uso del efectivo se trata, el gobierno cuenta con múltiples otras herramientas a su disposición. Por ejemplo, el Banco del Bienestar podría dar incentivos para que quienes reciben apoyos sociales realicen pagos con sus tarjetas, en lugar de simplemente retirar todo su saldo, lo cual tiene un gran costo que pagamos todos.
Al final, el debate no es sólo técnico. Se trata de cómo promover competencia sin desincentivar la inclusión, y de cómo proteger al consumidor sin frenar la digitalización. Ese equilibrio, entre regulación y crecimiento, definirá si la modernización financiera de México avanza o se estanca.
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Nota del editor: Gilberto García es director de Miranda Intelligence, la división de análisis de Miranda Partners. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis estratégico y financiero. Antes de integrarse a Miranda Partners en noviembre de 2023, fue Analista Senior de Renta Variable en Barclays, donde estuvo a cargo de la cobertura del sector financiero en América Latina. Es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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